El Gobierno Sánchez inició ayer una doble ronda de contactos para convencer a los primeros ministros de los demás países de la UE sobre la necesidad de revisar el mercado energético y para apurar las posibilidades de acuerdo entre las formaciones parlamentarias de cara a impulsar conjuntamente un plan de acción frente a las consecuencias de la guerra de Putin. La capacidad que España tenga de sumar voluntades para desacoplar la factura eléctrica del precio del gas, depende del grado de coincidencia que el Gobierno alcance con la oposición. Se trata de articular medidas que desbaraten los planes de Putin mientras se atenúa su efecto bumerán sobre la economía y el empleo en la Unión con iniciativas que salvaguarden nuestro tejido productivo. La última vez que se produjo un pacto de Estado de contenido económico entre la izquierda y la derecha fue con la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011, priorizando la contención del déficit y la deuda pública mediante el acuerdo entre el Gobierno de Zapatero y el PP de Rajoy ante aquella crisis financiera global. La responsabilidad última de que España cuente con un amplio consenso doméstico a la hora de sumarse al empeño común de los europeos frente a la invasión rusa de Ucrania y sus efectos es del Gobierno. Sobre todo porque tanto la parte socialista como especialmente en Podemos y también entre los socios de investidura se ha establecido el principio de que no les cabe otra que transitar por lo que queda de legislatura con los mimbres partidarios de la moción de censura de 2018. Frente a la pulsión que lleva a la llamada alianza de progreso a eludir coincidencias con el PP y con Ciudadanos, el partido de Feijóo y el de Arrimadas han de poner en valor su disposición a procurar el más amplio acuerdo que preserve la recuperación. Es imprescindible que tanto Gobierno como oposición trabajen con el rigor y sin prejuicios sobre el alcance de las posibles correcciones tributarias, la adecuación del marco regulatorio con efectos sin vuelta sobre los precios o las medidas que contribuyan al mantenimiento de la actividad productiva.