Pedro Sánchez se ha mostrado decidido a incrementar el gasto militar de nuestro país del actual 1,4% del PIB al 2% comprometido con la OTAN, sin precisar en cuántos ejercicios presupuestarios piensa alcanzar ese objetivo. La invasión de Ucrania por parte del régimen de Putin obliga a todos los países europeos a asumir su respectiva cuota de seguridad. España no puede hacerse a un lado en la confianza de que ninguna amenaza pondrá a prueba sus defensas y de que el esfuerzo aliado será suficiente para disuadir a eventuales enemigos comunes. El aumento anunciado de esa partida no genera por sí solo un escudo protector infalible. Su eficacia depende de en qué se gasta e invierte en términos de valor añadido. Importa, además, que tal esfuerzo contribuya a dotar a la UE de autonomía respecto a los socios atlánticos no europeos. El pronunciamiento del presidente suscitó ayer toda una cascada de reacciones en contra por parte de sus socios de dentro y de fuera del Gobierno con el argumento de que hay necesidades “más acuciantes” a las que atender. Un argumento sorprendente mientras la guerra de Putin causa miles y hasta millones de tragedias humanas y, vista la devastación no cabe descartar que vaya a más o sea replicada en un futuro próximo por cualquier otra autocracia de partido único que encuentre en el uso de la fuerza bélica la forma más directa de imponerse sobre aquel país o región del mundo que considere sometible. Era impensable que en 2022 el dominio de Putin sobre Rusia le animara a extender sus posesiones para apropiarse de toda Ucrania. El hecho de que el Gobierno de Sánchez se vea respaldado por el PP, Vox y Ciudadanos en su propósito de incrementar el gasto en Defensa frente a las críticas de los integrantes del bloque de la investidura es mucho más que un síntoma de agotamiento de la legislatura. Denota que la llamada mayoría de progreso no alcanza a afrontar la amenaza sin límites que representan Putin y las complicidades que pretende para cuartear el mundo.