Dos millones y medio de ucranianos han dejado atrás sus hogares y a parte de sus seres queridos en poco más de dos semanas para huir a otros países ante el pánico desatado por los inmisericordes bombardeos de las tropas rusas. Se trata del éxodo más masivo y acelerado desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ilustra sobre la magnitud del drama humanitario al que asiste Europa. Las impactantes escenas de familias deambulando por estrechas carreteras o hacinadas en trenes, han conmocionado a la opinión pública. Ese shock se ha traducido en una gigantesca ola de solidaridad que ha hecho aflorar de nuevo lo mejor de la condición humana, en contraste con la despiadada violencia desplegada por el Kremlin. Una vez más, la sociedad española ha estado a la altura de las circunstancias con una importante respuesta. Una avalancha solidaria que es importante ordenar y organizar, como ha recordado también la presidenta María Chivite, para que la ayuda sea adecuadamente canalizada y sea lo más eficaz posible hacia quienes más lo necesitan. Los estados fronterizos con Ucrania, con Polonia a la cabeza, han acogido con los brazos abiertos a buena parte de los desplazados, que en muchos casos carecen de un destino preestablecido más allá del deseo de alejarse del terror. Resulta llamativo que algunos de esos gobiernos figurasen entre los más beligerantes a recibir refugiados en la crisis migratoria de 2015. Un cambio atribuible a la mayor cercanía cultural de los actuales, que además son considerados víctimas de un enemigo común y no despiertan recelos xenófobos. La concesión sin precedentes a ellos de un estatus especial por parte de la Unión que garantiza mecanismos de protección inmediata facilita un complejo proceso que requiere grandes dosis de coordinación institucional comunitaria y en cada país. El reparto de quienes han tenido que huir del drama y la garantía de unas condiciones dignas para ellos constituye un desafío que pondrá a prueba los mecanismos de acogida de la UE.