Diario de Navarra

El próximo miércoles, 16 de marzo, todos los policías forales tenemos una cita frente al Parlamento de Navarra. Ese día nos concentraremos para dejar patente nuestro rechazo a la inacción de la consejería de Interior, que después de casi tres años de legislatura se ha mostrado absolutamente incapaz de desarrollar ni uno solo de los reglamentos de la Ley 23/2018 de Policías de Navarra. Como es de sobra conocido, el ya lejano 20 de noviembre de 2018 entraba en vigor la ley referida, tras una complicada tramitación y una votación en el Parlamento que no dejó lugar a dudas: 35 votos a favor y 11 abstenciones. A partir de aquí, la propia norma dictaba que, en el plazo de un año, se desarrollasen materias tales como la formación, la provisión de puestos de trabajo, la segunda actividad y las jornadas, horarios y retribuciones. Valorando este último asunto como fundamental, la ley obligaba al Gobierno de Navarra a actuar con celeridad para que dicho reglamento entrara en vigor el 1 de enero de 2019. Sin embargo, a estas alturas del mes de marzo de 2022, parece mentira, toda esa normativa sigue durmiendo el sueño de los justos y acumulando un retraso que resulta humillante para nuestro colectivo. El trabajo desarrollado por los sindicatos firmantes de la convocatoria para propiciar ese desarrollo reglamentario ha sido intenso y extenso. Empezando por el Parlamento de Navarra, donde hemos mantenido innumerables contactos y gestiones con los grupos a fin de trasladarles argumentos con los que presionar al Gobierno de Navarra para que cumpla sus obligaciones. Por este motivo, el consejero de Interior se ha visto obligado a comparecer en diversas ocasiones, bien es cierto que para marear la perdiz y argumentar falaz y torticeramente. Como si él pasara por allí, y no tuviera nada que ver en el asunto. No ha faltado tampoco en este trabajo sindical la presentación de una demanda contencioso-administrativa —cuya sentencia pudiera sonrojar al mismo Gobierno de Navarra por señalarle como autor del incumplimiento de la ley—, ni la llamada a las puertas del Defensor del Pueblo, quien tras un escrito de queja presentado el 19 de noviembre de 2021, nos ha respondido esta semana con un informe en el que recomienda al Departamento de Interior “agilizar el desarrollo reglamentario de la ley de Policías de Navarra”. Todo ello después de que el consejero y la directora general de Interior prestasen oídos sordos durante casi cuatro meses a dos peticiones de información del señor Enériz Olaechea. En paralelo a todo ello, no podemos olvidarnos tampoco de la falta de información y directrices referidas a nuestra jubilación. Aunque hemos requerido por tierra, mar y aire al señor Remírez y a la señora López Antelo para que nos informen del procedimiento a seguir y nos concreten los detalles de una normativa que fue publicada el pasado 31 de diciembre de 2021 en el BOE, nada sabemos más de dos meses después. Aparte de que estos señores están jugando con el tiempo de los compañeros que pudieran estar ya jubilados, su inacción suena a burla cuando vemos que se nos está detrayendo de nuestra nómina la sobrecotización a la Seguridad Social que nos corresponde abonar, y que los mossos d’escuadra, cuya jubilación fue aprobada el mismo día y a la misma hora que la nuestra, sí están ejerciendo ese derecho desde los primeros días de enero. Los sindicatos APF y CSIF-SPF, que hemos convocado esta concentración, lo tenemos claro. Ha llegado el momento de plantarse ante esta falta de vergüenza torera del consejero Javier Remirez, y de la directora general, Amparo López Antelo y pedir su dimisión. Tras agotar todas las posibilidades que nos brinda nuestro marco de relaciones laborales, y comprobar, de primera mano y fehacientemente, el nulo valor que tiene la palabra de ambos, entendemos que no hay otro camino que el de mostrar públicamente nuestro rechazo a sus comportamientos. Unos comportamientos que, a falta de opinión mejor fundada, creemos arraigados en la incompetencia, la desidia, el menosprecio o la animadversión hacia los policías forales. Alfonso Zubiri y Gonzalo Mora (APF) Roberto Valencia y Javier Tarazona (CSIF)

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Sin reglamentos ni jubilación: ¡consejero, dimisión!

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