Las familias y las empresas de nuestro país han comenzado a notar las consecuencias energéticas de la guerra declarada por Putin al sufrir el vertiginoso encarecimiento de los carburantes. En Navarra, la invasión ha desbocado unos precios que ya estaban hinchados, y el litro de gasolina y diésel se han disparado un 25% y un 35%en lo que va de año. Una escalada a la que no se le adivina el techo. Un encarecimiento que también está afectando a la electricidad. La próxima factura doméstica trastocará los planes de muchos hogares, mientras un número creciente de empresas está reajustado la producción en previsión de que se prolongue la crisis en Ucrania. Al tiempo que la agricultura y la ganadería, en un período especialmente seco, se encontrarán con serias dificultades de aprovisionamiento para ofertar productos asequibles a un poder adquisitivo menguante. Ayer Pedro Sánchez declaró en el Congreso que los incrementos del gas anteriores al comienzo de la invasión demuestran que el Kremlin venía preparándola desde meses antes, tensionando al alza el mercado energético. Con ser evidente el impacto del conflicto, el presidente debería también reconocer que la evolución de la inflación entre finales del pasado ejercicio y la entrada de 2022 no se debió únicamente a los designios agresores de Putin. El Ejecutivo español tiene que actuar conjuntamente con los demás gobiernos europeos y las instituciones de la Unión, pero tiene que hacerlo con rigor, prontitud y ánimo de consenso. España no puede permitirse afrontar la crisis desatada por Moscú sin el máximo acuerdo entre las fuerzas políticas. Acuerdo que es responsabilidad del Gobierno labrar cada día ante un desafío de tan imprevisibles consecuencias que el propio Sánchez no descarta que podría desembocar en una inflación de dos dígitos. La envergadura del problema, de una invasión que en materia económica ha cuarteado el comercio y las finanzas globales, no permite aproximaciones políticamente oportunistas o evasivas a la cuestión.