Diario de Navarra

El pasado 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Con esta iniciativa, estas organizaciones llevan ya más de veinte años tratando de concienciar y movilizar a la sociedad en la prevención y el control de una enfermedad que, el año pasado, afectó en todo el mundo a más de 14 millones de personas y por la que 9,6 millones perdieron su vida. Afortunadamente no me encuentro entre ellos, lo cual es un gran alivio, pero, según la Sociedad Española de Oncología, por el mero hecho de ser un hombre, tengo una probabilidad del 50% de estarlo en el futuro. El lema elegido para este año ha sido Por unos cuidados más justos, lema con el que se trata de alertar a la opinión pública de las desigualdades existentes en la atención que los enfermos de cáncer reciben en función de su realidad social y geográfica. Estas desigualdades también se producen en nuestro país. En enero de 2020 se publicó el informe El impacto económico y social del cáncer en España, elaborado por Oliver Wyman para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En este informe los analistas estimaron que la enfermedad producía en nuestro país unos costes anuales de 19.300 millones de euros. En términos relativos, esta ingente cantidad de dinero suponía un 17,5% del gasto sanitario global en España y un 1,6% de su PIB. Según Mario Ezquerra, consultor experto de Oliver Wyman, las cosas no tenderán a mejorar en el futuro, más bien al contrario. Según sus previsiones, tanto el gasto como la incidencia de la enfermedad crecerán a un ritmo del 3% anual en el próximo decenio. Del total de los 19.300 millones de euros estimados, 9.300 se correspondían con costes médicos directos, 2.200 con costes médicos no directos (tales como el transporte y alojamiento para sesiones de radioterapia, cuidados específicos, etc.) y 7.800 con costes indirectos resultantes de la pérdida de productividad por la imposibilidad de los enfermos de acudir a sus puestos de trabajo. Desde el punto de vista de la asunción de estos costes, el 55% recaían sobre el Estado y el 45% restante sobre las familias. De acuerdo con estos datos, cada una de ellas tenía que asumir entre 800 y 1.000 euros al mes y un total de 90.000 euros durante todo el proceso. El año anterior, Belén Fernández Sánchez y Raquel del Castillo Martín, en su informe El impacto económico del cáncer en las familias en España, realizado para el Observatorio de la AECC, estimaron que de los aproximadamente 275.000 nuevos casos de cáncer que se detectaban cada año en España, 25.000 recaían sobre personas en situación de vulnerabilidad salarial. Esto implicaba que cerca del 10% de los enfermos diagnosticados con cáncer no disponían de los recursos necesarios para afrontar los costes que conllevaba su enfermedad. Con el objetivo de profundizar sobre esta realidad, la AECC hizo público hace unos días el Primer informe de la inequidad del cáncer en España. En él se analizan las desigualdades existentes en nuestro país a la hora de enfrentarse a la enfermedad, bien para prevenirla, para vivir con ella o para acceder a los resultados de investigación. En la presentación del informe se lanzó un mensaje realmente provocador que, sin duda, buscaba remover conciencias: “Cuando hablamos de cáncer, el código postal es más determinante que el código genético y la tarjeta de crédito afecta más que la sanitaria”. Con el fin de ilustrar la primera parte de la polémica sentencia se puso como ejemplo la aplicación de cuidados paliativos suministrados por los distintos sistemas sanitarios en España, denunciando la existencia de un diferencial entre las distintas CCAA superior al 500%. En palabras de Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, pronunciadas en ese mismo acto: “Las desigualdades tienen un impacto directo en las oportunidades de las personas para hacer frente a la enfermedad. No todas las personas tienen acceso a entornos saludables para prevenirlo desde la infancia ni a medidas preventivas para detectarlo precozmente; no todas las personas que son diagnosticadas de cáncer tienen garantizada una atención integral y continuada”. A la vista de todos estos hechos, resulta del todo imprescindible que la sociedad española en general y las instituciones sanitarias en particular tomen conciencia de la necesidad de destinar los recursos necesarios que garanticen unos cuidados adecuados a todos los enfermos de cáncer independientemente de su origen social o del lugar en el que les ha tocado nacer.

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"Impacto económico y desigualdad ante el cáncer"

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