Diario de Navarra

La crisis sanitaria motivada por la Covid19 ha generado nuevos conflictos en Derecho de familia. Durante el confinamiento domiciliario, parejas divorciadas discutieron acerca del cumplimiento del régimen de visitas y, superada esta fase, sobre si podían optar por no llevar a los niños al colegio por miedo al contagio. Actualmente, nos encontramos ante el debate sobre la vacunación de los menores. Un problema que empieza a ser muy frecuente es el de los progenitores que discrepan en cuanto a la conveniencia a la hora de vacunar o no a sus hijos contra la Covid 19. Si el diálogo entre ambos progenitores o la mediación no son suficientes para resolver el conflicto, se deberá acudir al juzgado para resolverlo. Mediante esta vía se podrá solicitar, por cualquiera de los dos progenitores, que el juez atribuya a uno de ellos la facultad de decisión sobre si se administra o no la vacuna. Esta decisión la deberá tomar después de escuchar a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años. Nos encontramos ante un problema jurídico sobre un menor de edad y, por lo tanto, la decisión deberá tomarse siempre atendiendo a su interés. Partiendo de esta premisa, están resolviendo los tribunales. Como expondremos a continuación, y como es habitual en Derecho, no existe unanimidad de criterio a la hora de resolver, si bien se observa una tendencia mayoritaria a atribuir la facultad de decisión al progenitor partidario de inocular la vacuna. En este sentido, fue pionero el Juzgado de Primera Instancia nº 51 (de familia) de Barcelona, criterio seguido por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Vigo, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Avilés y por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Pamplona, que acaba de publicar la primera resolución que resuelve esta controversia en Navarra. Estos juzgados consideraron que la administración de las vacunas no supone ataque a la integridad física de los menores, y los beneficios de estas, no sólo para la protección de los menores sino también para la sociedad al evitar futuros contagios, son muy superiores a los inconvenientes de su administración. Se apoyaron también en que se trata de una vacuna que ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, lo que permite suponer que se ha elaborado con las máximas garantías de calidad, seguridad y eficacia. En el caso resuelto en el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Pamplona, la juez se apoya para resolver en un informe pericial elaborado por el Instituto Navarro de Medicina Legal. En sentido contrario, ha sido muy mediática la decisión de una juez de Icod de Los Vinos (Canarias). En este caso, atribuyó la facultad de decidir a la madre contraria a la administración de la vacuna, apoyándose la juzgadora en la incertidumbre científica actual sobre la vacuna de la Covid19, y atendiendo al principio de prudencia que debe guiar cualquier actuación, especialmente referida a un menor de edad. Antes de llegar a esta conclusión, la juez analizó la incidencia y tasa de mortalidad en la franja de edad del menor. También afirmó que resulta imposible valorar los efectos a medio y largo plazo de esta vacuna, e incluso expuso que otras vacunas, como la de viruela en 1975 o la de la talidomida en los años 60, provocaron efectos secundarios adversos que tuvieron que ser indemnizados. Para rizar el rizo, el pasado 24 de enero de 2022, un magistrado de Santiago de Compostela ha decidido no atribuir a ninguno de los progenitores la decisión sobre la vacunación sobre un menor de 4 años, y diferir cualquier decisión hasta que este cumpla 5 años ya que, atendiendo al informe elaborado por el médico forense, no se recomienda la vacuna “al no existir datos sobre la seguridad de vacunas en menores de 5 años”. Una vez cumpla el menor los 5 años, se valorará el estado de la pandemia en ese momento, así como el más extenso conocimiento científico que entonces pueda haber sobre los resultados de la vacunación, sin perder de vista que los actuales ensayos clínicos de las vacunas frente a la Covid 19 en la edad pediátrica, según indica, se han realizado en la franja de edad de los 5 a los 11 años y en estas edades, ya han demostrado que la vacunación es eficaz. Sin duda estamos ante una materia de rabiosa actualidad, y que más allá de su evidente trascendencia social y la polémica mediática que pueda suscitar, genera y va a seguir generando posturas encontradas también en el ámbito jurídico. El debate está servido. Asier Enériz Arraiza. Abogado del departamento procesal de ARPA Abogados Consultores

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"Vacunas y protección del menor"

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