Diario de Navarra

La necesaria y urgente actualización del Convenio Económico con el Estado, a la que ya me referí en el artículo que publiqué en este diario el pasado día 12, sigue pendiente y, por ello, vuelvo sobre el tema para ampliar lo que dije entonces. El principal argumento utilizado por los grupos que, en el pleno del Parlamento de Navarra del pasado día 23 de diciembre, se negaron a aprobar dicha actualización es que, en la medida en que esta atribuye a la Comisión Coordinadora la competencia para aprobar el índice de imputación con el que se determina la aportación de la Comunidad Foral a las cargas generales del Estado, priva de esa competencia al Parlamento de Navarra. Lo primero que resta solidez a ese argumento es que, según consta en el Boletín Oficial de dicha institución nº 147/2021, el acuerdo que supuestamente priva a aquel de esa competencia fue adoptado por unanimidad por la Comisión Negociadora de la actualización en la reunión que celebró el 20/12/2021. Y en esa reunión estaban representados al máximo nivel todos los grupos parlamentarios de nuestra Comunidad, incluidos, por tanto, los que tres días después se negaron a ratificar en el pleno del Parlamento lo acordado previamente en dicha Comisión. Y lo que invalida por completo ese argumento es que el Parlamento nunca ha tenido atribuida la competencia para fijar el índice de imputación. La modificación en trámite difícilmente puede, pues, privarle de esa competencia. La única función que, en relación con los Convenios Económicos, atribuye el Amejoramiento al Parlamento la establece su artículo 45, según el cual “Dada la naturaleza paccionada de los Convenios Económicos, una vez suscritos por el Gobierno de la Nación y la Diputación Foral, serán sometidos al Parlamento Foral y a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley ordinaria”. El Parlamento de Navarra es, pues, uno de los órganos competentes para la aprobación (y, por tanto, para la modificación) del Convenio, pero no lo es en absoluto para su aplicación. Esa tarea, como todas las que tienen por objeto el desarrollo y la ejecución de las leyes, corresponde a los Gobiernos y a las Administraciones que de ellos dependen. El Convenio aprobado en su día por el Parlamento de Navarra y por las Cortes Generales establece el método para determinar el importe de la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado y, en su artículo 67, atribuye la competencia para aplicar ese método a una Comisión Coordinadora paritaria, integrada por seis representantes de la Administración del Estado y seis representantes de la Comunidad Foral designados por el Gobierno de Navarra. Si en algún momento el Gobierno de Navarra y el de España alcanzaran un acuerdo para modificar el método actualmente en vigor, ese hipotético acuerdo implicaría la modificación del Convenio y, por ello, tendría que ser sometido a la aprobación del Parlamento de Navarra y de las Cortes Generales. Pero cuando de lo que se trata es de aplicar el método en vigor, y no de modificarlo, ni el Parlamento de Navarra, ni las Cortes Generales, tienen nada que decir, ya que la competencia para, mediante la aplicación de dicho método, cuantificar la aportación de la Comunidad Foral a las cargas generales del Estado corresponde, desde que se aprobó el Convenio en 1990, a la mencionada Comisión Coordinadora paritaria. Y corresponde a la Comisión Coordinadora porque la aplicación del método establecido en el Convenio es una actuación inequívocamente ejecutiva del mismo y, en cuanto tal, impropia de una Cámara Legislativa, sea esta autonómica o estatal. Es significativo, a ese respecto, que el Reglamento del Parlamento de Navarra, que regula en su artículo 172 la tramitación a la que debe sujetarse la aprobación (y la modificación) de los Convenios, no regula, sin embargo, la tramitación de la aprobación del índice de imputación, ni la de ningún otro acto de aplicación de aquellos. Y no la regula porque, en ese ámbito, el Parlamento Foral no ostenta competencia alguna. Y es que la aplicación de dicho método exige identificar en los Presupuestos Generales del Estado los gastos correspondientes a las cargas no asumidas por la Comunidad Foral; y exige determinar, en función básicamente de la renta relativa de Navarra, el índice de imputación (el porcentaje) con el que esta debe contribuir a la financiación de esas cargas. Excepcional y transitoriamente, la aportación base para el quinquenio 1990-1994, y el correspondiente índice de imputación, se establecieron en el texto inicial del Convenio y fueron, por tanto, formalmente aprobados por el Parlamento de Navarra, el Congreso y el Senado. Pero, posteriormente, ninguna de esas Cámaras Legislativas ha participado en la determinación de la aportación de Navarra; y ha sido la Comisión Coordinadora quien la ha determinado y quien, para determinarla, ha identificado las cargas no asumidas por la Comunidad Foral y ha fijado dicho índice. Así sucedió cuando, con Gobiernos de UPN, se determinó la aportación base para los quinquenios 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009 y 2010-2014; y cuando, con un Gobierno de coalición presidido por Geroa Bai, se determinó la aportación base para el quinquenio 2015-2019. Resulta, por ello, paradójico que, desde Navarra, se cuestione ahora algo que, ni en la teoría, ni en la práctica, había cuestionado nunca nadie. Como ya dije en mi anterior artículo, la explicitación en el acuerdo de modificación del Convenio de que la competencia para la fijación del índice de imputación corresponde a la Comisión Coordinadora es, en mi opinión, innecesaria. Pero que nadie se engañe: aunque esa explicitación desaparezca del texto que finalmente aprueben el Parlamento de Navarra, el Congreso y el Senado, la competencia para la fijación del índice de imputación seguirá, como hasta ahora, correspondiendo a la Comisión Coordinadora y no a dichas Cámaras Legislativas. José Antonio Asiáin Abogado y Exconsejero de Economía y Hacienda (1987-1991)

Diario de Navarra

"Resulta paradójico que desde Navarra se cuestione ahora algo que, ni en la teoría, ni en la práctica, había cuestionado nunca nadie"

Comentarios

Confirman una condena e indemnización de 148.000 € por la muerte de un trabajador en Sakana debido a un golpe de calor

Movistar Team presenta su alineación para el Giro de Italia 2026

El festival de hard techno Blackworks reunirá a 6.000 'ravers' en el Navarra Arena

Un instituto navarro compite en los premios Efigy como el mejor proyecto para la transición energética

La Growleria consigue el premio al 'Mejor Bocadillo de Navarra' en el concurso nacional 'El Mejor Bocata'