Diario de Navarra

En la sesión plenaria que celebró el Parlamento de Navarra el 23/12/2021, el Gobierno retiró del orden del día la propuesta de modificación del Convenio Económico que la Comisión Negociadora, integrada por sendas representaciones del Estado y de Navarra, había aprobado tan solo tres días antes. Según la información publicada en este diario el 24/12/2021, esa retirada fue precedida de un agrio debate en el que algunos grupos parlamentarios anunciaron su abstención, argumentando, junto a otras razones que exceden del ámbito de este artículo, que la inclusión entre las competencias de la Comisión Coordinadora de la determinación del índice de imputación con el que se calcula la aportación económica de la Comunidad Foral a las cargas generales del Estado suponía privar de esa competencia al Parlamento de Navarra. Con esa anunciada abstención, dicha propuesta no podía alcanzar la mayoría absoluta exigida para su aprobación en el Reglamento de la Cámara y, por ello, el Gobierno decidió retirarla. Como presidente que fui de la representación de Navarra que negoció en su día el Convenio Económico que se pretendía modificar con la propuesta en cuestión, y como firmante del mismo, me parece de interés puntualizar que, en el texto inicial de dicho Convenio, se estableció: 1º.-Que la aportación económica de Navarra a las cargas generales del Estado sería determinada por una Comisión Coordinadora paritaria, integrada por seis representantes de la Administración del Estado y seis representantes de la Comunidad Foral designados por el Gobierno de Navarra (artículo 61). 2º.-Que dicha aportación se calcularía aplicando, al importe total de las cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral y de las correspondientes compensaciones, un índice de imputación determinado básicamente en función de la renta relativa de Navarra (artículo 47). 3º.-Que, para el quinquenio 1990-1994, dicho índice de imputación sería el 1,60 por 100 (disposición transitoria primera). Así pues, al aprobar en 1990 el Convenio Económico, el Parlamento aprobó también el índice de imputación para el quinquenio 1990-1994, pero la competencia para determinar la aportación (y, consiguientemente, el índice de imputación) de los quinquenios posteriores la atribuyó el propio Parlamento a la Comisión Coordinadora. Prueba de ello es que la fijación del índice de imputación para el quinquenio 1990-1994 se formalizó en la disposición transitoria primera del Convenio y no en la parte de este con vigencia indefinida. Y prueba de ello es también que el índice de imputación para el quinquenio 1995-1999 (que, a diferencia del índice aprobado para el quinquenio anterior, no estaba predeterminado en el texto del Convenio) fue fijado por la Comisión Coordinadora al aprobar la aportación líquida correspondiente al año base de ese quinquenio. Los índices de imputación para los quinquenios 2000-2004 y 2005-2009 fueron también fijados por la Comisión Coordinadora al aprobar la aportación líquida correspondiente al año base de esos quinquenios; pero, pese a no ser necesario, tales índices se trasladaron luego a las actualizaciones del Convenio incorporadas al ordenamiento jurídico mediante las Leyes 25/2003, de 15 de julio, y 47/2007, de 19 de diciembre, por lo que, al aprobar esas actualizaciones, el Parlamento de Navarra ratificó dichos índices de imputación. No obstante, la competencia para determinar la aportación económica (y, por consiguiente, el índice de imputación) siguió siendo atribuida en el texto del Convenio a la Comisión Coordinadora. Por eso, los índices de imputación para los quinquenios 2010-2014 y 2015-2019 fueron fijados por la Comisión Coordinadora al aprobar la aportación líquida correspondiente al año base de esos quinquenios y, por no ser necesario, no se trasladaron al texto del Convenio. En la propuesta de modificación del Convenio retirada el pasado día 23, se mantiene la atribución a la Comisión Coordinadora de la competencia para determinar la aportación económica de Navarra, pero (en rigor, innecesariamente) se explicita que esa atribución incluye la determinación del índice de imputación. Y es quizá esa innecesaria explicitación lo que motivó la decisión de algunos grupos de abstenerse y la posterior decisión del Gobierno de retirar la propuesta. Pero tal explicitación no implica modificación sustantiva alguna del Convenio, ya que, como he tratado de poner de manifiesto, la competencia para aprobar la aportación económica (y, por consiguiente, la competencia para determinar el índice de imputación, sin el que dicha aportación no puede calcularse) ha correspondido siempre a la Comisión Coordinadora. Aunque el índice de imputación del quinquenio 1990-1994 fuera excepcional y transitoriamente predeterminado en el Convenio; y aunque los índices de imputación fijados por la Comisión Coordinadora para los quinquenios 2000-2004 y 2005-2009 fueran luego innecesariamente trasladados al texto del Convenio.

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"Así se calcula la aportación de Navarra al Estado"

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