Diario de Navarra

Una de las decisiones que marcaron el mandato de Rodríguez Zapatero, fue el revisionismo de la obra de la Transición en materia de memoria histórica. Juan Luis Cebrián, director de El País y CEO de PRISA durante muchos años, achacaba a la muerte del abuelo de Zapatero, el capitán Lozano, del ejército republicano, su obsesión por sacar adelante la ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007), objeto de polémica entre políticos e historiadores. Más tarde, cuando Rajoy llegó al poder, una de las peticiones de su grupo era la derogación de dicha ley. El ex presidente del Gobierno en su libro reciente, La política para adultos, reconoce, a la gallega, su error, si bien en su defensa esgrime que lo importante en 2011 era sacar a España de la debacle económica que le había dejado Zapatero tras la crisis de las hipotecas sub prime y que optó por no dotar de contenido económico a la referida ley y así impedir su ejecución. Craso error, puesto que una ley en vigor, tarde o temprano termina por producir efectos jurídicos, como se ha visto. Lo expuesto trae causa de la reciente postura de ERC sobre el proyecto de ley de Memoria Democrática, tramitado en el Congreso y pendiente de votación, al condicionar su apoyo a la misma, bajo la condición de la incorporación de su enmienda sobre la revisión de la Ley 46/1977, de 15 de octubre de Amnistía, en el sentido de la revisión de los delitos cometidos por las autoridades franquistas, funcionarios o agentes del régimen. Como ha escrito desde las páginas de La Vanguardia, el notario J.J. López Burniol, con dicha enmienda de ERC se trata de hacer creer que la ley de amnistía constituía “una continuidad maquillada de la dictadura franquista” y así certificar el entierro de la obra de la Transición. Nada más lejos de la realidad. Razón por la que conviene recordar los hechos de la mano de quienes la hicieron posible, entre otros el antiguo subsecretario de Justicia con Landelino Lavilla, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, que participó en la negociación de dicha ley, narrado de forma pormenorizada en su libro Memorial de Transiciones (1939-1978). La Ley de Amnistía de 1977 vino a dar cauce jurídico a la reivindicación de las manifestaciones del fin del franquismo: “Libertat, Amnistía, Estatut de autonomia”. Tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política de Suárez y el triunfo de este último en las elecciones de 15 de junio de 1977, se presentaron en el Congreso de los Diputados sendas proposiciones de ley, formuladas por el PNV, PSOE y el Partido Comunista, que refundidas en una fue el instrumento parlamentario para aprobar la citada Ley 46/1977. El escollo principal de la ley eran los delitos de sangre, pues Arzallus y Ajuariaguerra defendían la amnistía total hasta el 13 de septiembre de 1977, vinculándola a la pacificación en el País Vasco. Debe recordarse el contexto de aquellas fechas con el secuestro del presidente del Consejo de Estado, Oriol Urquijo, los asesinatos de los laboralistas de Atocha y otros atentados contra policías en la barriada de Campamento (Madrid) y de un guardia civil en Mondragón. También los asesinatos de los GRAPO y el FRAP. Al final se llegó a una transacción en la que el PSOE cedió en su propuesta de exclusión de la amnistía de los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas de Orden Público en defensa del Régimen. El acuerdo consistía en que la amnistía generalizada alcanzaría hasta el 15 de diciembre de 1976 (fecha de celebración del Referéndum para la reforma política), y así se aceptó por socialistas y comunistas la “doble dirección de la amnistía”, quedando fuera, sin embargo, la reincorporación a sus antiguos cargos de los militares la UMD (Unión Militar Democrática), los únicos militares críticos con el franquismo. La ley fue aprobada por 296 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones (entre ellas la de Letamendia y Bandrés). Como dice Ortega Díaz-Ambrona, el consenso hizo posible la amnistía, aunque como hoy sabemos no pacificó el País Vasco y ETA siguió cometiendo cientos de asesinatos. La ley de Amnistía abrió, sin embargo, la puerta de la Constitución del 78, que algunos aliados de Sánchez pretenden hoy tumbar. Esta es la historia y no los “cuentos”, que hoy nos quieren hacer creer. Tiempos de revisionismo extremo de la convivencia que es preciso contrarrestar con la verdad.

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“La ley de Amnistía abrió la puerta de la Constitución del 78 que algunos aliados de Sánchez pretenden tumbar”

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