Diario de Navarra

Han sido abundantes los efectos negativos que hemos tenido que asumir, derivados de la crisis sanitaria covid-19. De éstos, muchos han afectado y siguen afectando a la economía. En concreto, analizaremos el soportado por algunos arrendadores de viviendas. Una vez declarado el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se aprobó una normativa para hacer frente, en el ámbito social y económico, al covid-19 (en concreto, Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo). El artículo 1 reguló la posibilidad de suspender, de forma extraordinaria, los desahucios o lanzamientos. En un primer momento, la suspensión quedó acotada a un plazo de seis meses. Sin embargo, posteriormente, dicho plazo se ha ido ampliando sucesivamente. A la fecha de elaboración de este artículo, la suspensión de lanzamientos tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2021. La primera conclusión a alcanzar es que se han podido suspender lanzamientos judiciales durante 19 meses consecutivos. Consecuencia de esta medida, no han sido pocos los arrendadores de viviendas que, además de sufrir el impago de renta, posiblemente derivado de una reducción de ingresos por sus inquilinos, han sufrido la suspensión de los lanzamientos, desahucios o desalojos de sus inquilinos. Así, muchos arrendadores, aun cuando han acudido a la vía judicial, denunciando los impagos y solicitando recobrar la posesión de su propiedad -el trámite del lanzamiento es preceptivo para conseguir desalojar al inquilino incumplidor de la que es su vivienda habitual- han tenido que asumir suspensiones y dilaciones en las fechas de desahucio. Es decir, ni perciben renta ni pueden recuperar la posesión de su propiedad. Pues bien, no se ha de olvidar que gran parte de los arrendadores son personas físicas, que han adquirido la propiedad que arriendan a través de préstamos hipotecarios que han de atender, regularmente, aun cuando no perciban los ingresos derivados de la renta. Refrenda lo anterior lo expuesto en el “Informe Vivienda 2020”, publicado por Gobierno de Navarra, correspondiente al año 2020 y primeros meses de 2021, que refiere que en este periodo se aprecia un “espectacular aumento de este tipo de sentencias (refiriéndose a las relativas a impagos de renta de alquiler) en la Comunidad foral de Navarra, llegando a duplicar las producidas en el año anterior”. Igualmente también anota que “en 2020… caen los lanzamientos... asociados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (-35,5%). De alguna forma, las medidas protectoras de las administraciones competentes han hecho posible que las resoluciones judiciales no se lleven a cabo”. Frente a esta situación (arrendadores que no cobran rentas ni pueden recuperar posesión de sus bienes) estimo que no se le ha dado la oportuna publicidad a una facultad de la que disponen los arrendadores: solicitar compensación por estas suspensiones a la Administración. El procedimiento ha sido regulado por el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, aunque el derecho ya había quedado reconocido en el mes de diciembre de 2020, por norma previa. Así, los propietarios deben de dirigirse, mediante una solicitud motivada, al órgano competente en materia de vivienda en su Comunidad Autónoma (en Navarra, al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos). En dicha solicitud deberán acreditar que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado perjuicio económico. La solicitud habrá de presentarse, en todo caso, antes del 30 de noviembre de 2021. La Administración dispone de un plazo de tres meses para resolver la solicitud, aunque motivadamente puede ampliarlo otros tres meses más. Si la Administración no responde y notifica la respuesta en dicho plazo, queda estimada por silencio administrativo. La compensación quedará acotada al periodo que medie entre el momento en el que se haya acordado la suspensión extraordinaria del lanzamiento y el momento en el que la misma se levante, teniendo como fecha límite el 31 de octubre de 2021. El importe de la compensación se calculará por remisión a unos valores de alquiler vivienda en el entorno donde ésta se ubique (excepto si la renta pactada era inferior a dichos valores, supuesto en el que se aplicará la acordada) y, además, podrá incluir los gastos corrientes de la vivienda, si el arrendador acredita que los ha asumido. Son varias las dudas que pueden surgir sobre la aplicación de esta compensación (por ejemplo, en relación al informe emitido por los servicios sociales; la aplicación de los valores medios; qué se considerará gastos corrientes...). No obstante, aun cuando la regulación no es todo lo precisa que debiera y, casi con seguridad, surgirán debates en la práctica, parece oportuno dar la publicidad necesaria a esta medida que, de alguna forma, pretende resarcir a los propietarios o arrendadores del daño sufrido por la suspensión extraordinaria de los desahucios.

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"Suspensión de desahucio y derecho a compensación del arrendador"

No se ha de olvidar que gran parte de los arrendadores son personas físicas, que han adquirido la propiedad que arriendan a través de préstamos hipotecarios que han de atender

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