Diario de Navarra

Uno de los hitos más destacados del proceso de escolarización puesto en marcha para el próximo curso ha sido la centralización total de las peticiones de las familias en el Departamento de Educación. La idea fundamental, manifestada en varias ocasiones por el consejero Gimeno, no ha sido otra que la de pasar de un proceso de libre elección, a otro de asignación de las plazas vacantes por parte de la administración educativa. Desde Navarra Suma advertimos reiteradamente sobre las consecuencias de este cambio de enfoque. Más pronto que tarde, el derecho humano básico, protegido y garantizado por el artículo 27 de la Constitución Española que tiene cada familia para elegir la educación que desean para sus hijas e hijos iba a saltar por los aires. Y eso, ni más ni menos, es lo que ha pasado con la escolarización en la ESO en la Ribera. Al final del proceso, 43 familias de la zona se han quedado sin poder acceder al centro que habían elegido en primera opción, el Colegio San Francisco Javier - Jesuitas en Tudela, concertado con el Gobierno de Navarra. Por ello, no dejan de sorprender las declaraciones del portavoz parlamentario de Educación del PSN, Jorge Aguirre, en las que manifiesta, no sé si con un exceso de cinismo o de desconocimiento, que “el nuevo decreto de escolarización se basa en el derecho constitucional a la libertad de elección de centro”, y que las protestas de las familias que se han quedado fuera de Jesuitas “son infundadas”. ¿Infundadas? ¿Es infundado manifestar que era necesario abrir más líneas en la zona de Tudela y que, habiendo demanda más que de sobra para hacerlo en Jesuitas, se han abierto en el IES Valle del Ebro y en el IES Benjamín? ¿Eso es basarse en el derecho constitucional de los padres para elegir libremente el centro que desean para sus hijas? ¿O es que abrir la nueva línea en un centro público es gratis? ¿Acaso los padres y madres que se han visto excluidos no pagan impuestos? Miren, señores del PSN, debajo de esta injusta decisión hay dos cuestiones claras. La primera es el sectarismo de una ley educativa ni debatida, ni aceptada, ni consensuada, como es la LOMLOE. Una ley que riza el rizo del intervencionismo y que no garantiza el derecho a la educación, sino que garantiza un inventado “derecho a la educación pública”. Y la segunda es el compromiso del PSN con ese acuerdo de Gobierno que ha puesto a Chivite en el sillón, a costa, entre otras muchas cosas, de los derechos de las familias, ya que en su punto 7 se comprometen a no aumentar las unidades en la enseñanza concertada y a ir reduciéndolas cuando no haya demanda. Para muestra de lo que espera a la educación navarra con la LOMLOE bastaría este botón. Cuando los niños nacidos durante estos últimos años lleguen a la edad de escolarización en Educación Infantil, algunos ya el curso próximo, ¿cómo va a gestionar el Departamento de Educación la fuerte bajada del número de alumnos (se estima en casi un 20% el último año)? Si la demanda de las familias se mantiene en los centros concertados y sobran aulas en la red pública, ¿van a obligar a las familias a matricularse en la pública y van a cerrar las aulas en la concertada, tal y como tienen firmado en su Acuerdo de Gobierno? A la vista de la decisión que han tomado con las familias riberas en la escolarización de la ESO para el próximo curso, mucho nos tememos que así sea. El ataque a la enseñanza concertada encierra un claro ataque a la libertad, y señala el camino para imponer un sistema educativo de pensamiento único que nos encamina a una sociedad de pensamiento único. Resulta incomprensible constatar cómo el partido que impulsó los conciertos en este país sea ahora el que intente privar de esa libertad a la sociedad. Desde Navarra Suma, deseamos que las declaraciones de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, acerca de la conveniencia de contar con la red concertada, marquen una nueva senda, y no sean sólo la consecuencia de expresar en público su opción personal, ya que ella escolariza a su hijo en la escuela privada, sino que se opte por recuperar el impulso y la necesaria aportación de ambas redes, garantizando a las familias un derecho tan fundamental como elegir la educación que desean para sus hijos e hijas. Pedro González Felipe. Parlamentario de NA+ y miembro de UPN

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“¿Acaso los padres y madres que se han visto excluidos no pagan impuestos?”

Artículo de opinión de Pedro González

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