Diario de Navarra

En los años cincuenta del siglo pasado, un autor alemán de reputado prestigio, Otto Bachoff, nos alertó sobre los riegos de la judicialización de la política. Eran tiempos en los que en Alemania se había creado el Tribunal Constitucional, impuesto por las potencias vencedoras de la II Guerra mundial, como ocurrió con el federalismo en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Constitución alemana). Se trataba de dividir el poder mediante el federalismo para evitar la concentración en una sola mano, como ocurrió con Hitler, que llegó al poder al ganar unas elecciones en 1933 (no hay que olvidarse de ello) y en el plano constitucional, el evitar el legiscentrismo, es decir, que la ley era la emanación de la voluntad popular y por lo tanto intocable y que por encima de ella no había nadie. Se quiso así limitar el poder mediante la existencia de una Constitución que consagrara las reglas de juego político, cuyo control era encomendado al árbitro constitucional, que no era otro que el Tribunal Constitucional como defensor de la Constitución. En nuestro país, al elaborar la Constitución del 78, pese al mal recuerdo del Tribunal de Garantías de la II República, tribunal politizado e integrado por políticos prominentes como Víctor Pradera, entre otros, que formó parte como juez del tribunal que enjuició el delito de rebelión de Lluis Companys, se quiso seguir el modelo alemán de jurisdicción constitucional concentrada, fuera de los aledaños del poder judicial ordinario. Por otro lado, en pleno franquismo un selecto grupo de catedráticos de Derecho Administrativo, encabezado por Laureano López Rodó, hombre del régimen, pero de Derecho, junto con los profesores González Pérez y Manuel Balbé, elaboraron a las alturas de 1956, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que con sus limitaciones de la época, fue un revulsivo en el control de la legalidad en pleno régimen franquista y que gracias a sus aplicadores, los jueces formados en la tradición liberal de la escuela del profesor García de Enterría, constituyeron la simiente del control de la arbitrariedad administrativa. De esa tradición constitucional por un lado, y administrativa de otro, deriva el control constitucional de la ley, incluso de las leyes orgánicas (vb gr, Estatutos de Autonomía) y de las disposiciones inferiores e incluso de cualquier actuación administrativa, formalizada o no. Más tarde, con el texto constitucional en la mano, y con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), quedó proscrita cualquier inmunidad del poder frente al control jurisdiccional, fuera constitucional o administrativo. Ahora bien, pronto surgieron las voces (normalmente gubernamentales) para limitar el control jurisdiccional de las leyes y actos del poder. Por un lado, mediante las deferencias al legislador democrático (de cuya doctrina bien pronto se hizo eco el TC) y también de que los actos políticos de gobierno no eran susceptibles de control, dicho de una manera tecnificada para evitar ser piedra de escándalo. Pero para evitar lo peor había que controlar los nombramientos realizados por el legislador democrático, tal como dispone la Constitución, con mayorías muy reforzadas para lograr el acuerdo en torno a jueces competentes y sobre todo independientes. Y en el caso del nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y otros muy relevantes (AN, TTSSJJ, Audiencias Provinciales), el poder quedaba en manos del CGPJ, elegido con arreglo a cuotas políticas, eso sí con juristas y magistrados de alto nivel profesional. Todo ello ha venido a politizar la justicia (no a los niveles de Italia) y en consecuencia también a judicializar la política, porque los ciudadanos y los órganos legitimados saben que es el último reducto de control del poder, puesto que en condiciones normales los parlamentos están en la misma mano que el Gobierno o de la mayoría que la sustenta, haciendo buena la tesis que en la deferencia del TC con el legislador democrático, en muchas ocasiones anida la deferencia con el Gobierno o la mayoría de turno. Y así estamos, cuando el control de los tribunales se manifiesta como imprescindible en una sociedad democrática, lo que obliga también a ser exquisitos con la motivación y el carácter suasorio de su resoluciones. No vale cualquier sentencia porque lo diga un juez o tribunal sino que tiene que convencer; es cierto que siempre está abierta la vía de recurso, pero hay aquí también agujeros procesales para favorecer el no control. España necesita que se respeten y renueven los órganos jurisdiccionales, y no valen excusas de un signo u otro. Elíjanse a los mejores y sobre todo que sean independientes, lo que no significa que no tengan su pláfond intelectual y hasta ideológico.

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“España necesita que se respeten y renueven los órganos jurisdiccionales: elíjanse a los mejores y sobre todo que sean independientes”

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