Diario de Navarra

El Consejo de Ministros del 6 de julio aprobó, tras el acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales del día 29 de junio, el anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones vigente. Este pacto deberá tramitarse a partir del mes de septiembre en el Parlamento, para su previsible entrada en vigor el día 1 de enero de 2022. La reforma se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para modernizar nuestra economía y preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este primer bloque de reformas cuenta con el respaldo de Bruselas, quien ya ha dado luz verde al primer anticipo de 9.000 millones de los fondos europeos. Dicha reforma de las pensiones, que pretende, entre otros objetivos, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal (hoy ronda los 66 años) y retrasar dos años la edad real de jubilación para 2050, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social, y el llamado factor de sostenibilidad. Ahora, en una primera fase, se ha alcanzado un consenso en los cinco aspectos claves de la reforma siguientes: a) Revalorización de las pensiones conforme al IPC, para garantizar su suficiencia: se fija un mecanismo estable de revalorización, y el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior; en caso de que el IPC sea negativo, las pensiones quedarán invariables. Además, el acuerdo incluye una evaluación periódica de este nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se realizará en el marco del diálogo social cada cinco años. b) Penalizaciones o coeficientes reductores a la jubilación anticipada: la edad legal de jubilación, en su origen de 65 años, lleva retrasándose gradualmente desde 2013 y actualmente está en 66 años, y será de 67 años en 2027. Si se trata de una jubilación ordinaria, sólo se podrá adelantar un máximo de dos años, lo que conllevará una penalización del 21% para aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y medio; en caso de prejubilación voluntaria, las penalizaciones serán mensuales y se aplicarán sobre la pensión, no sobre la base de cotización como hasta ahora; en caso de prejubilación involuntaria, se establecen coeficientes mensuales en lugar de trimestrales y en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria; y en caso de jubilación tras un despido, podrá hacerse cuatro años antes de la edad legal de jubilación. c) Bonificaciones o incentivos a la jubilación demorada: quienes sigan trabajando más allá de su edad legal de jubilación podrán elegir entre un aumento del 4% de su pensión por cada año que se retrase (Portugal aplica un 12%, Reino Unido un 10,4%, Alemania un 6% y Francia un 5%); una cantidad alzada por cada año en activo, en función del importe de la pensión y de los años cotizados, entre 4.786,27 y 12.060,12 euros; o un sistema mixto. d) Derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones, impulsado por el Gobierno Rajoy en la reforma de 2011, para reducir la cuantía de la pensión según el aumento de la esperanza de vida, nunca aplicado, que será sustituido por un “mecanismo de equidad intergeneracional”, aún por negociar, que podrá incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de este año, y que operará a partir del año 2027. Si el Gobierno y los agentes sociales no llegan a acuerdo sobre este tema, será el Ejecutivo el que lo regule. e) Separación de las fuentes de financiación de las pensiones: para restablecimiento del equilibrio financiero, mediante la liberación de los gastos impropios, trasladando anualmente el déficit de la Seguridad Social, vía impuestos, a los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, queda pendiente de resolver la segunda fase de reformas con asuntos espinosos: el cómputo de años para cálculo de las pensiones, la elevación gradual de bases máximas de cotización, las subidas de pensiones máximas y las cotizaciones de autónomos por sus ingresos reales. En definitiva, la valoración del acuerdo sobre pensiones ofrecida en síntesis, calificada por el ministro Escrivá como gran acuerdo, con mensajes de certidumbre para pensionistas actuales y futuros, adolece de falta de credibilidad, por ser un acuerdo incompleto y opaco que, aunque tiene el mérito del consenso en la subida de pensiones según el IPC anual, no resiste a la crítica. Porque aplaza temas muy importantes, que quedan en la incertidumbre, tales como el factor de sostenibilidad, que sólo cambia de nombre, pero mantiene su esencia asociada al recorte de pensiones, que ya se insinuó respecto a los baby boomers; no mejora las pensiones mínimas; y lo que es peor, mantiene el déficit contributivo real de la Seguridad Social en cifra récord. Siendo esto así, los mensajes que se proclaman quedan en entredicho, y no puede infundir la tranquilidad pretendida para el futuro a los pensionistas españoles.

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"El nuevo acuerdo sobre pensiones aplaza temas muy importantes"

Aplaza temas muy importantes, tales como el factor de sostenibilidad, no mejora las pensiones mínimas y mantiene el déficit contributivo real

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