Diario de Navarra

Por primera vez desde hace una década, Gobierno y agentes sociales han suscrito un gran pacto sobre pensiones. Ajenos al ruido, la polarización y las críticas estridentes, los interlocutores sociales y los negociadores del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han pasado los últimos meses cientos de horas reunidos buscando cómo mejorar y reforzar nuestro sistema de pensiones. La buena noticia es que ese diálogo se ha cerrado con acuerdo; la mejor noticia es que ese acuerdo es de una enorme importancia y profundidad. Al contrario de lo que aseguran algunos comentarios que he leído en los últimos días, este texto no aplaza decisiones importantes. Al contrario, aborda directamente el grueso de las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño con solo dos votos en contra y la mayor parte de las reformas comprometidas con Europa en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero lo más importante es que este gran pacto contribuirá a que los pensionistas actuales y futuros reciban al fin un claro y contundente mensaje de certidumbre. Este acuerdo envía un mensaje de tranquilidad a los actuales pensionistas. La reforma de 2013, que obligaba a ajustar el gasto en pensiones desvalorizando de manera sistemática su valor año tras año, quedó en el limbo 2018, y desde entonces las pensiones se han ido revalorizando de forma discrecional por cada Gobierno. Este acuerdo acaba con esta incertidumbre, e introduce una fórmula sencilla y transparente para garantizar de manera permanente el poder adquisitivo de las pensiones: pase lo que pase, las pensiones de aquí en adelante crecerán lo mismo que los precios. Este gran pacto también envía un mensaje de certidumbre a aquellos que están cercanos a la jubilación. Garantiza y fortalece sus pensiones futuras, e introduce un abanico de medidas para asegurar que la jubilación sea un derecho y no una obligación. El objetivo es que los trabajadores tengan más flexibilidad y mejores incentivos para elegir cuándo deciden abandonar el mercado de trabajo. El nuevo régimen de jubilación anticipada es más flexible y equitativo, y permitirá a los trabajadores que se jubilen antes de la edad ordinaria mejorar notablemente su pensión por cada mes que pospongan su retiro. Y aquellos que quieran retrasar su jubilación tendrán a su disposición un abanico más atractivo y amplio de beneficios por hacerlo: de manera novedosa, podrán recibir el un pago extraordinario de hasta 12.000 euros en el momento en que se jubilen. Finalmente, este acuerdo envía un mensaje a nuestros jóvenes. Deben saber que gracias al acuerdo damos pasos para un sistema más fuerte y sostenible también para ellos. Para proteger mejor a los trabajadores autónomos, el tratamiento de los becarios, de las parejas de hecho… Pero, sobre todo, este acuerdo elimina el factor de sostenibilidad, que hacía recaer en las pensiones de los más jóvenes el coste del aumento del gasto producido por la llegada a la edad de jubilación de las generaciones de sus padres. El nuevo factor de equidad intergeneracional, que nos hemos comprometido a acordar próximamente, busca precisamente proteger a los jóvenes, que han sufrido dos duras crisis mientras se incorporaban al empleo, del reto temporal que afrontará el sistema en sus próximas dos décadas. Un reto perfectamente manejable y que por razones de justicia no les deberíamos trasladar a ellos. El acuerdo que hemos firmado es profundo y ambicioso y refuerza los tres pilares centrales de nuestro sistema de pensiones: la suficiencia, al garantizar el poder adquisitivo de todas las pensiones actuales y futuras de por vida; la sostenibilidad, con medidas encaminadas a acercar progresivamente la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria; y la equidad, eliminando elementos regresivos y mejorando la contributividad. Esperamos que logre en el Parlamento el mismo consenso que ha conseguido en la mesa de diálogo social.

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“La reforma no aplaza decisiones importantes y deja a los jóvenes un sistema de pensiones más fuerte”

La reforma aborda el grueso de las recomendaciones del Pacto de Toledo, no aplaza decisiones importantes y deja a los jóvenes un sistema de pensiones más fuerte

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