Diario de Navarra

Hemos conocido las propuestas que baraja el Ministerio de Seguridad Social para las pensiones. Como se sabe, el Consejo Europeo exige cambios para entregar los fondos de reconstrucción. Entre ellas, se plantea retrasar la edad media de jubilación situada ahora en 64,6 años para acercarla a la legal, que en 2021 estará entre 65 y 66 años según el tiempo cotizado, y llegará a una horquilla entre 65 y 67 en 2027. Se crean incentivos económicos para quienes sigan trabajando más allá de la edad legal: hasta 11.000 euros por año de retraso en su jubilación y, para el caso de 44,5 años cotizados o más, 12.060 euros por año. En estos casos, el trabajador puede optar entre cobrar ese dinero o incrementar el 4% de la base reguladora de su pensión por cada año en que retrase su jubilación o, como tercera opción, combinar esas dos posibilidades, una como pago único y la otra como incremento de su pensión. En mi opinión, si la norma tiene como fin retrasar la edad de jubilación, los términos económicos son viables sólo para ciertos trabajos, pues los que se basan en el esfuerzo físico no podrán soportar más años en el mercado. Sería deseable que los fondos se destinen a incentivar contrataciones de jóvenes que sustituyan o releven a los trabajadores en edad legal de jubilación. Otra medida propuesta es modificar los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada voluntaria, de forma que el trabajador que desee jubilarse antes la edad legal verá reducida -más que en la actualidad- su pensión de jubilación -no su base reguladora, como hasta ahora- tomando como penalización no los años anticipados, sino cada uno de los meses anticipados. En definitiva, se cambia el sistema de penalizaciones en la jubilación anticipada voluntaria que permite retirarse dos años antes de la edad legal. Ahora ese mecanismo aplica reducción creciente con cada trimestre que se anticipa el retiro. La propuesta es hacerlo mensual, aplicando los mayores castigos en los 24 y 23 meses previos. Sin duda, esta fórmula empeora la situación de esos dos primeros meses en los que es posible jubilarse antes del límite legal y también lo haría en los últimos, según las escalas de reducción correspondientes. Esta norma general, sin embargo, tiene de excepción a quienes cobran pensiones más altas, que será peor. Ahora la penalización se aplica sobre la base reguladora -indicador usado para calcular la prestación y que puede exceder bastante la pensión máxima- por lo que muchas veces la reducción final es mucho menor de lo que contempla la norma. Se trata de que el nuevo sistema no sea regresivo y, por ello, los coeficientes se aplicarán directamente sobre la cuantía de la pensión. Sin duda, esta reforma planteará resolver la situación de personas jubiladas anticipadamente con más de 40 años cotizados dado que tienen disminuida su pensión con un porcentaje de hasta el 40%. La mayoría son personas que provienen del desempleo tras el correspondiente ERE que se vieron abocados a una jubilación forzosa. Esa situación se puede repetir de forma permanente -dada la prolongación de ERTEs y petrificación de los mismos- y la norma deberá arbitrar una solución justa para las pensiones anticipadas no voluntarias que provienen de esas medidas laborales. Es más, ello sería una obligación para el legislador porque las víctimas de esas medidas laborales son trabajadores con salarios bajos y especialmente mujeres. A la negociación colectiva le corresponderá un papel ante los cambios que se avecinan, máxime porque las jubilaciones pactadas a partir de 55 años -que eran con cargo a empresas y trabajadores- parece que desaparecerán. Planes complementarios de pensiones es una solución que ganará terreno, no solo como complemento a las correspondientes a la edad legal de jubilación sino para paliar los efectos de jubilaciones anticipadas “forzosas” muy mermadas. Una última reflexión es la separación que debe hacer la Seguridad Social de los denominados gastos impropios. Es decir, debe apartar de su presupuesto el pago de personal, pensiones no contributivas y gastos de mantenimiento de los edificios estatales. Si lo hace, la Seguridad Social no tendría que plantearse continuamente reformas cuya finalidad es “rellenar la hucha”. Otra medida son ciertas limitaciones de la jubilación parcial (trabajar menos horas en los años próximos a la jubilación sin penalizar la pensión en el retiro ordinario). Se pretende que los recortes de jornada no se puedan concentrar en un solo año, sino que la concentración solo llegue al 60% en el primer año. Para que todas estas medidas se apliquen, el Gobierno negocia la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, aunque se mantendrán en todos ya existentes (para un millón de trabajadores) durante el resto de su vigencia. Y, una vez terminen dichos convenios, se plantea un periodo transitorio para su desaparición definitiva. Margarita Apilluelo. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la UPNA

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"Las jubilaciones pactadas a partir de 55 años -con cargo a empresas y trabajadores- parece que desaparecerán"

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