Diario de Navarra

Hoy en día, y agudizado por la pandemia, nadie niega que las telecomunicaciones o internet son una necesidad social y que quien no tiene acceso a ella juega en desigualdad de condiciones con el resto en el ámbito académico, laboral o personal. Hemos cambiado nuestros hábitos de consumo comprando a través de la pantalla, hemos cambiado nuestra forma de consumir cultura y hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Según el último Eurostat publicado en febrero de 2021, en el año 2020 un 68% de los consumidores españoles realizó compras online comparado con el 52% que suponía en 2015. Esto supone un aumento del 16%. Por lo tanto, y viendo las tendencias sociales y económicas, no es de extrañar que Europa se encuentre, ahora mismo, inmersa en un debate sobre cómo se deben regular las grandes plataformas como Amazon, Google, Booking.com, Twitter y similares. Ya no basta con ponerles sanciones en base a la política de competencia, ha llegado el momento de regular y ponerles normas ex-ante en un sector hiperactivo que cambia día a día. La Comisión Europea ha presentado dos propuestas legislativas, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, con los objetivos de: establecer unos principios en las grandes plataformas basados en los valores europeos; implantar ciertas obligaciones; y, posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento. Con la aprobación de ambos textos, Europa se convertirá en el primer continente en aplicar este tipo de medidas con el objetivo de asegurar un espacio seguro en la red, establecer igualdad de condiciones en los mercados digitales para cualquier tipo de empresa y respetando la libertad en línea. Estas leyes están de sobra justificadas cuando se producen episodios como, por ejemplo, el cierre de las cuentas de Trump en Facebook y en Twitter por incitación a la violencia. El momento estuvo acertado, se estaba produciendo un asalto al Capitolio y Trump estaba alentando a los ciudadanos estadounidenses a seguir con la revuelta, pero la decisión del cierre de sus cuentas no debe residir en el CEO de ninguna gran empresa, sino que debe existir un marco legal que regule este tipo de actuaciones. Por eso, uno de los principios que se establecen en la Ley de Servicios Digitales es que todo lo que sea ilegal en el mundo offline, debe ser también ilegal en el mundo online. No vale todo en la red y tampoco en las redes sociales, por eso también es importante en esta ley el mecanismo de acción y notificación que permitirá retirar el contenido ilegal o ilícito de las plataformas, pero al mismo tiempo, otorgará al usuario la posibilidad de reclamar si considera que el contenido es legal. Otro de los objetivos fundamentales es dar mayor transparencia en cuanto a la publicidad para que los usuarios estemos mejor informados. Como usuarios, vamos a poder distinguir cuando vemos un contenido si se trata de un anuncio publicitario o no, y en ese caso podremos informarnos de por qué estamos viendo ese anuncio. El principal objetivo es que la publicidad sea transparente y lo que publicite sea legal y seguro. Pero esta norma no solamente se aplica a las redes sociales, también esteremos más protegidos cuando compremos un producto en un mercado en línea. Se aplicará el principio “Conozca a su cliente comercial” que permitirá localizar a los vendedores de los productos, aunque no se encuentren en la Unión Europea, de manera más fácil. Además, se establecen requisitos para que, todos los productos que se vendan a través de estas plataformas cumplan los estándares europeos en cuanto a seguridad y protección del consumidor se refiere. Por su parte, la Ley de Mercados Digitales reforzará la igualdad de condiciones entre las Pymes y estas grandes plataformas tratando de evitar los abusos de poder. Para ello, entre otras medidas, se establece que las grandes plataformas que sean designadas como “guardianes de acceso” no podrán hacer uso de los datos que tienen de sus competidores cuando compitan contra ellos. Por otro lado, se va a obligar a los guardianes de acceso a ajustar los algoritmos para que sus ofertas y las de sus rivales aparezcan por igual, se trata de atajar el problema de la auto-preferencia. En cuanto a los usuarios, podremos desinstalar o eliminar los programas informáticos o aplicaciones que nos vienen descargados por defecto cuando nos compramos un nuevo dispositivo. Para asegurar que todas estas obligaciones se cumplen, ambas propuestas contemplan la posibilidad de sancionar a las plataformas, en el caso de la DSA sería con un 6% del volumen de negocio mundial de la empresa respecto al ejercicio financiero del año anterior y, en el caso de la DMA con un 10% del mismo valor que la anterior. Además cabe la posibilidad de aplicar correctivos estructurales en las empresas que tengan una posición dominante de mercado. Estas propuestas pioneras pueden ser el espejo en el que otros continentes se vean reflejados e indiquen el camino que también ellos deben seguir. Europa debe ser líder en el desarrollo y la implementación de estas normas ex-ante, por ello, también será interesante ver qué hace, por ejemplo, la administración Biden, o si Canadá y Australia siguen el modelo europeo.

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“No es de extrañar que Europa se encuentre inmersa en un debate sobre cómo se deben regular las grandes plataformas como Amazon y similares”

Opinión de Adriana Maldonado

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