El déficit de las administraciones públicas se incrementó en 2020 hasta los 113.172 millones de euros, el 10,09% del PIB. Elevándose a 123.000 millones y 10,97% del PIB con la cuenta en negativo de la Sareb. La pandemia provocó el pasado ejercicio el segundo mayor desfase entre gastos e ingresos de nuestra historia, solo superado en 2009 por las consecuencias globales de la caída de Lehman Brothers, y multiplicando casi por cuatro el 2,86% de 2019. El hecho de que el déficit del primer año de la covid fuese inferior a la previsión remitida por el Gobierno a la Comisión Europea (-11,3%), podría dar lugar a una errónea impresión de alivio. La persistencia de la emergencia sanitaria con sus efectos sobre las cuentas públicas durante 2021, la financiación de prestaciones sociales comprometidas a más largo plazo y el incremento consiguiente de la deuda no permiten contemplar el déficit de 2020 como si fuera un revés a solventar en un par de ejercicios de recuperación. El grueso del déficit recayó nominalmente sobre la Administración central, mientras que las Comunidades Autónomas presentan un balance aparentemente equilibrado, y las entidades locales continúan por noveno año consecutivo en superávit. Aun siendo perfectamente conscientes de que el cuadro resultante obedece al caudal de transferencias con que la Hacienda central ha desahogado los presupuestos territoriales, los responsables autonómicos tienden a olvidarse de ello ante la perpetuación de un modelo de financiación obsoleto que, a la vez que deploran, puede resultar conveniente a la hora de disipar las responsabilidades propias. La pandemia justifica un déficit superior al 10%. Pero siempre que la dotación de fondos públicos contribuya de manera decidida a dejar atrás la covid-19, mantener el tejido productivo y de servicios, y cubrir las necesidades de las personas directamente afectadas por la crisis. La excepcionalidad obligó a la Unión Europea a suspender temporalmente la disciplina presupuestaria que acompaña al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero un año después no puede conducir a las instituciones de nuestro país a desconectar de la obligada contención del déficit y de la deuda que se acumula.