Las malas decisiones de los políticos las suelen pagar, al final, los ciudadanos. Y está pasando con demasiada frecuencia que alcaldes y grupos municipales con determinadas mayorías no hagan caso más que a sus propios caprichos, al margen de informes técnicos o jurídicos que los desaconsejan. El Ayuntamiento de Ultzama, si futuros recursos no lo remedian, tendrá que indemnizar con más de 800.000 euros a Bioenergía Ultzama, concesionaria de la planta de biogás que el Ayuntamiento de Bildu decidió cerrar en 2016. Y lo hizo sabiendo las posibles consecuencias, porque se lo advirtió el Consejo de Navarra. Y es que detrás de todo este despropósito está la oposición de Bildu a la planta que trataba los purines de vacuno de la zona y a los políticos que la impulsaron. Cuando uno se juega el dinero de los demás decide con más alegría que cuando se juega sus propios cuartos. Si tuvieran que responder a sus actos irresponsables con su patrimonio, otro gallo cantaría.