Diario de Navarra

Al final tratarán de convencernos de que la cosa sucedió así: un grupo de enmascarados se descolgaron desde el techo acristalado en el salón de plenos y, pulverizadores de jardinería en mano, expandieron una sustancia extraña que, al ser respirada por los parlamentarios, les transformó hasta el punto de que ninguno sabía lo que hacía. Posaban su yema en el botón del voto afirmativo como podían estar pulsando la tecla del capuchino avellana en la máquina de café. Cuando sus señorías volvieron en sí, los enmascarados ya no seguían allí. Ríanse de lo del Capitolio. Suena creíble. También si los manipuladores del comportamiento legislativo hubieran sido extraterrestres de Ganímedes con pistolas escupidoras de rayos. Pero sólo creíble de inicio a final en comparación con las explicaciones peregrinas que aportan ahora quienes impulsaron y aprobaron el artículo 68 de la Ley Foral del Gobierno de Navarra y su Presidenta o Presidente: ‘En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones’. Cien palabras exactas promovidas por el Gobierno de Uxue Barkos en la pasada legislatura con la complicidad de su cuatripartito aplaudidor -Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra-, y certificadas por unanimidad tras el apoyo también de los entonces opositores UPN, PSN y PP. Cien palabras que han acarreado la dimisión de Manu Ayerdi, del PNV y Geroa Bai, vicepresidente en aquel gabinete de Barkos y consejero en el actual de María Chivite, encausado judicialmente a partir de una querella de UPN por el dinero que otorgó a Davalor. Presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos, delitos 404 y 432 respectivamente. Así que Ayerdi ha salido por la puerta y la fiesta de la excusa se ha inaugurado. A Geroa Bai le “urge” ahora reformar el artículo 68, a Bildu le da que su redacción es “ambigua”, Podemos afirma que a todos los grupos se les “pasó por alto”, I-E alega que lo apoyó por “disciplina de voto”, el PSN ve un “error” un artículo que “dé lugar a tanta interpretación jurídica y confusión”, y UPN justifica que dio su respaldo para que los demás no le criticasen. La caída del guindo casi general no tiene un pase, especialmente en las repentinas alusiones a una imperfecta escritura de la norma. El artículo navarro, aprobado en 2018, es una copia de uno aprobado en Murcia dos años antes y del que se habló mucho durante la primera mitad de 2017. Presidía la comunidad Pedro Antonio Sánchez, del PP, al que el juez instructor le citó a declarar como investigado por la adjudicación de las obras de un auditorio. Sánchez, quien en un primer momento dijo que dimitiría enseguida, pasó a dejar correr el tiempo interpretando a su modo la norma al situar el ‘conocimiento fehaciente’ en la apertura de juicio oral. Acabó cediendo porque hasta le dio la espalda su socio de gobierno, Ciudadanos, y además quedó afectado por la trama Púnica. Si en Murcia hubo conflictos notorios por el entendimiento del texto, ¿por qué no iba a haberlos en Navarra? ¿Por qué, si tiempo existió, no se mejoró el artículo 68 en vez de limitarlo a una mera réplica? ¿Por qué si ahora es injusto, ambiguo o confuso, antes no lo fue? ¿Por qué el director general de Administración Local, socialista de carné, no dejó el cargo cuando un juzgado le llamó como investigado por un presunto delito de prevaricación y Ayerdi ya tardaba en irse, según la porción socialista del Ejecutivo? Por qué el suyo no y el nuestro sí, se fustiga la nacionalista. Todo son preguntas. Y el capuchino avellana, empalagoso.

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“El artículo navarro, aprobado en 2018, es una copia de uno aprobado en Murcia dos años antes”

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