La contracción del 11% el pasado año convirtió la economía española en la más castigada de los países desarrollados a causa de la pandemia. También fue la que menos gastó en combatir ese tsunami, según el BCE. Frente a los pronósticos oficiales de hace apenas unos meses, el final de la crisis se hará esperar, de forma que la primera mitad del presente ejercicio será mucho más complicada de lo previsto, sin que las anunciadas ayudas millonarias europeas ni las vacunas vayan a traducirse aún en una recuperación sólida. Este panorama eleva el peligro de que empresas que hasta ahora han resistido, aunque con dificultades, gracias a avales, créditos públicos o los ERTE se vean asfixiadas hasta peligrar su supervivencia por el insoportable endeudamiento acumulado si no se arbitran medidas adicionales de apoyo. El desbocado aumento de la deuda no constituye solo una amenaza para ellas, sino un problema estructural de inquietantes consecuencias si no es atajado. Las acciones emprendidas por el Gobierno central y por algunos autonómicos, como el de Navarra, han contribuido a ofrecer liquidez, sostener rentas y evitar una destrucción de empleo muy superior a la registrada. Pero su eficacia en esos ámbitos no es suficiente para alejar el riesgo de una avalancha de quiebras a corto plazo al prolongarse una situación excepcional que requiere algo más que la respiración asistida con la que se ha afrontado. Diversas instituciones han alertado de ello. Varios países de la UE, con Alemania a la cabeza, han sido muy activos en la concesión de ayudas directas a empresas en dificultades, una alternativa en la que España ha quedado relegada y que es hora de considerar. Así lo ha hecho por fin el Ejecutivo, donde convivían criterios contrapuestos, al haber corregido la vicepresidenta Calviño sus recelos al respecto. Parece razonable explorar con las debidas cautelas el respaldo público, justo hasta el momento en el que puedan valerse por sí mismas, a compañías de una probada viabilidad, seleccionadas con criterios transparentes y por cuantías vinculadas a la facturación declarada en 2019. El coste de la medida debe ser aquilatado. Pero sus beneficios en términos económicos y sociales compensarían su impacto en el déficit.