Dice el refranero popular que hecha la ley, hecha la trampa. Pues en ello está el Gobierno de María Chivite y sus socios. En retorcer un artículo que ellos mismos aprobaron en una ley, para seguir justificando la presencia del consejero Ayerdi en las sesiones de gobierno. Dicen que todavía el Tribunal Supremo no le ha citado a declarar por las subvenciones a Davalor, y, por tanto, no estaría obligado a dimitir. La presidenta Chivite está estirando la goma más de lo deseable. A ver cuánto aguanta... o si cuela, como ha sucedido en el caso del director general de Administración Local, que sí fue citado por el juez como investigado y continúa en su puesto. La ley del Gobierno se modificó en la pasada legislatura y se introdujo un artículo, el 68, con una filosofía determinada (seguramente tan absurda como injusta), de modo que un cargo investigado debía dimitir antes de conocerse su inocencia o culpabilidad. La próxima vez, que se lo piensen mejor.