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Opinión
Editorial

El Gobierno prolonga la agonía política de Ayerdi

No tiene justificación demorar todavía más la salida del consejero Ayerdi del Gobierno foral. El paso dado por el Tribunal Supremo debe ser suficiente para que no dilatase más la dimisión

  • Diario de Navarra
Actualizada 22/01/2021 a las 06:00

La apertura de investigación al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, por el Tribunal Supremo, hace inasumible su continuidad en el Gobierno de Navarra, a pesar de que el Ejecutivo de Chivite considera que en este momento no tiene todavía la condición de “investigado” y, por tanto, permanecerá en su cargo. Lo cierto es que un juez del TS ha abierto diligencias por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, con el objeto de aclarar la concesión a la empresa Davalor de seis préstamos por importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017. Un mes después de que el Supremo admitiese la querella presentada por UPN contra el consejero Ayerdi, ha llegado la confirmación de que va a ser investigado. Más allá de la responsabilidad política de Ayerdi al conceder dichos préstamos de manera unipersonal y al margen de los informes técnicos de Sodena, el consejero es víctima de la aplicación de una ley impulsada y defendida por el Gobierno de Barkos en la pasada legislatura, que instaba al cese de los cargos públicos investigados por este tipo de delitos, antes incluso de que finalizase la investigación y se determinase su inocencia o culpabilidad. Esta ley considera que la condición de “investigado” es “incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”. El cuatripartito formado entonces por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, seguramente no sospechaba que la primera persona a la que se le iba a aplicar era a un consejero de un gobierno del que formarían parte. El Ejecutivo de Chivite ha tenido más de un mes -desde la admisión de la querella- para decidir quién sustituirá a uno de los principales responsables de la política económica de Navarra desde 2015 hasta la actualidad. Intentar alargar su presencia en el gabinete de gobierno, escudándose en que no ha sido citado como investigado, no se sostiene e indica una falta de determinación y autoridad por parte de la propia presidenta.

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