Diario de Navarra

La ley Celaá se sumará a la sopa de letras de las 8 leyes educativas aprobadas en 40 años: LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE. Y ahora LOMLOE. Por cantidad no será, otra cosa diferente es si han contribuido a la calidad y equidad en el sistema educativo y cómo se han aprobado. Algunas de ellas dejan mucho que desear. Por ejemplo, la que el Gobierno de Sánchez acaba de imponer. Y que pasará a los anales del sectarismo educativo y de la vergüenza parlamentaria. La triste realidad es que en cada cambio ideológico del Gobierno se promulga una nueva ley de educación. A lo largo de los años hemos venido escuchando la importancia de establecer una ley educativa que surgiese del consenso y acuerdo de las principales formaciones políticas del país y con la participación de todos los sectores afectados. Pero el Gobierno lo ha vuelto a hacer. Es inconcebible que se tramite sin querer escuchar a representantes de la comunidad educativa y de las Comunidades Autónomas, que son los que tienen que aplicarla. Tampoco una ley de educación puede ser parte del mercadeo de negociaciones ajenas a temas educativos. Que un escolar español, en cualquier parte de España, no sea escolarizado en la lengua oficial de su país evidencia que algo falla. El Gobierno debe amparar dicho derecho y no lavarse las manos como Pilatos. Pero es que, además, la supresión de la referencia al castellano como lengua vehicular ha sido una cesión al independentismo para seguir avanzando en la consecución de sus objetivos secesionistas. Hace unos días conocíamos una nueva sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desautorizaba la política lingüística del gobierno catalán y con ella el de otras CCAA. El tribunal dejaba constancia del uso residual del castellano en las aulas y el incumplimiento de un mínimo del 25 % del horario lectivo en dicha lengua. Cualquier normativa educativa debe salvaguardar los derechos de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. También a que sean educados en las creencias morales y religiosas que consideren adecuadas, tal y como recogen el artículo 27 de la Constitución Española y otras normas internacionales. Algo que la ley Celaá ni respeta ni ampara. Se somete a un acoso y derribo a los centros concertados y a la educación diferenciada totalmente injustificado. Todos conocemos centros concertados que realizan una magnífica labor educativa y social. Ahí tienen el ejemplo de la inmensa mayoría de las escuelas católicas. En Navarra, la realidad de la escolarización de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con incorporaciones tardías (fundamentalmente de origen extranjero), o condiciones personales o de historial escolar, no ofrece diferencias entre escuela pública - escuela concertada. La diferencia se establece entre centros en castellano y centros en euskera. Aproximadamente el 66 % de estos escolares están escolarizados en centros públicos en castellano, el 21 % en centros concertados en castellano, el 12 % en centros públicos en euskera y en un porcentaje insignificante en los centros concertados en euskera. Por ello, no entendemos que la ley no aborde la cuestión con medidas concretas. Además de los precisos apoyos individuales, debería contemplar, por ejemplo, la reducción de ratios y desdobles en los grupos con elevados porcentajes de alumnos con estas necesidades. Ya sea en centros públicos como concertados. Se ha dicho que lo que pretende la ley es mezclar a escolares ricos y pobres. No deja de sorprender que se critique a la enseñanza concertada y que luego, a la hora de la verdad, los más críticos sean los que primero recurren a ella. Hipocresía pura y dura. Seguimos defendiendo que los centros de educación especial desarrollan una encomiable labor con los alumnos más sensibles y vulnerables del sistema y que no pueden ser puestos en duda. El gobierno dice que no van a desaparecer. Pero tampoco son creíbles. En esta legislatura, si algo han demostrado, es que son maestros del engaño. Tampoco iban a pactar con Bildu y ahí tenemos los acuerdos en Navarra y Madrid. Además, por lo comprobado en Navarra y en otras CCAA, está ley no garantiza el cumplimiento del currículo y de la legalidad vigente en muchos libros de texto y materiales complementarios que se utilizan en los centros escolares. Consideramos que se debe volver a la autorización por parte de las administraciones educativas de dichos textos. En Navarra, hemos tenido ejemplos claros. Incluso con sentencias judiciales que han evidenciado el adoctrinamiento y la manipulación en que se cae. La ley tampoco hace un avance destacado en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Todos los escolares españoles, independientemente del lugar donde residan o el poder adquisitivo de sus familias, tienen el derecho de acceder a su aprendizaje. Y para ello, las administraciones publicas deberán tomar medidas. Tampoco nos parece acertado que la solución al fracaso y abandono escolar sea el pasar de curso con suspensos y regalar títulos. En resumen, se ha perdido una magnífica oportunidad para abordar una cuestión tan importante como es la educación desde el acuerdo y el consenso, alejados del sectarismo y el interés partidista. Precisamos una ley educativa que perdure en el tiempo y afronte los verdaderos problemas del sistema educativo español. Pero, lamentablemente, la ley Celaá nace muerta. Se ha aprobado con fecha de caducidad. Y se ha convertido en una nueva ocasión perdida. Luego vendrán las lamentaciones. Alberto Catalán Higueras. Senador por Navarra de UPN.

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“Se somete a un acoso y derribo a los centros concertados y a la educación diferenciada totalmente injustificado”

Se somete a un acoso y derribo a los centros concertados y a la educación diferenciada totalmente injustificado

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