Diario de Navarra

La Comisión Europea ya reprendió a España por su elevada deuda pública y ahora le ha advertido de que la marcha atrás en la reforma de las pensiones sin adoptar antes medidas para compensar su impacto presupuestario supone elevados riesgos para la sostenibilidad financiera a medio y largo de la Seguridad Social. La Comisión Europea, que estima que el aumento del gasto en pensiones llegará a ser del 4,7% del PIB en 2050, lamentó que la medida abre la brecha de la desigualdad intergeneracional. Bruselas también urgió a corregir el abuso de los contratos temporales y la desigualdad de rentas. El informe sobre España admite el sólido crecimiento experimentado entre 2013 y 2019. La economía se expandió en ese periodo un 16,5%, con un buen superávit por cuenta corriente, y el empleo lo hizo un 14%, por encima de la zona euro. Sin embargo, avisa de que España también arrastra debilidades estructurales y un legado de la crisis que consiste en una ingente deuda pública, un mercado laboral precario y una elevada desigualdad de rentas. Dado el envejecimiento de la población, la Comisión estima que volver a vincular pensiones e inflación incrementará el gasto en un 4% del PIB, mientras que eliminar el factor de sostenibilidad lo hará un 0,7% a largo plazo. Bruselas no solo ve ahí un problema para generaciones venideras, sino también para las actuales. Ese aumento de gasto, a su juicio, empeora la igualdad intergeneracional. El Gobierno está ultimando un documento sobre la próxima reforma de pensiones que tiene que enviar a Bruselas. El informe ya circula internamente en el Ejecutivo y tiene previsto aumentar el período de cómputo de las nuevas pensiones de 25 a 35 años. El Gobierno reconoce que la reforma supondría una importante bajada de las pensiones futuras con respecto a lo que cobrarían los pensionistas si no se aplicara esa reforma. La reforma de las pensiones es uno de los asuntos más destacados en la agenda del Gobierno. El sistema de la Seguridad Social acumula déficits desde 2011 y en los últimos años esos números rojos superan los 15.000 millones de euros al año por la insuficiencia de ingresos por cotizaciones, provocada por la destrucción de empleo de la crisis anterior y la tardanza en recuperarlo, y por la incorporación de pensionistas con prestaciones más altas. Y las autoridades comunitarias exigen una reforma para contener este agujero antes de que empiece a jubilarse la generación del baby boom, a partir de 2023, que podría empeorar el cuadro clínico de las pensiones. La Comisión Económica no entra a decir cuáles deben ser las medidas compensatorias, aunque una de las alternativas que se han barajado pasa por recaudar más mediante impuestos. Y ahí el informe recuerda que España todavía tiene margen. El documento señala que los ingresos tributarios de España en 2018 suponían el 34,7% del PIB, por debajo del 39,2% de la UE y el 40,6% de la zona euro. La Comisión deja entrever que hay espacio en los gravámenes al consumo, al medio ambiente y a la propiedad. Para abordar la reforma, el Gobierno propone un cambio sustancial para las pensiones del futuro: el aumento del llamado periodo de cómputo para calcular las pensiones. Esto se ha plasmado en un documento que, por ahora, circula de forma interna entre los ministros. Pero en breve irá al diálogo social y se enviará a Bruselas. Este incremento de uno de los parámetros que determinan la pensión de jubilación supondría dar continuidad a lo iniciado en la reforma de 2011: el aumento del número de años que se toma para calcular la pensión de 15 años a 25, punto que se alcanzará en 2022. Ahora se plantea una aplicación paulatina, es decir, afecta a las pensiones futuras (por ejemplo, a las de quienes ahora tienen 50 o 55 años), no a las actuales, uno de los principios habituales de estas reformas que se ha quebrado en pocas ocasiones (se rompió en la que hizo el PP en 2013) cuando introdujo el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. El Ejecutivo ha decidido mantener a toda costa la revaloración con el IPC de las pensiones actuales, pero también necesita ofrecerle a Bruselas una garantía de que se va a contener en el futuro el gasto en pensiones. Y la fórmula elegida es esta ampliación de 25 a 35 años de los años para el cálculo de la pensión. Esta medida, en la mayoría de los casos, implica una rebaja media del 5,45% de las pensiones, aunque no de forma homogénea. Hay una salvedad importante, que está cobrando protagonismo últimamente por el impacto de la crisis anterior: a quienes pierden su empleo en los últimos años de la vida laboral y pasan ese tiempo en el paro les conviene tomar más años de cotización. Pero lo difícil será llegar a un acuerdo en España para llevar adelante una reforma así. Sin apoyo de los sindicatos no es fácil seguir adelante y lograrlo no será sencillo. La opción de sacarla adelante con el PP es ahora inviable.

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"La reforma del Gobierno supondría una importante bajada de las pensiones futuras"

El sistema de la Seguridad Social acumula déficits desde 2011 y en los últimos años esos números rojos superan los 15.000 millones de euros al año

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