Diario de Navarra

En la actualidad de estas últimas fechas raras de reencuentros por videollamada, abrazos todavía abortados por el miedo y mantel de gala sobre las mesas pero menos sillas ocupadas en torno a ellas, se ha colado una norma foral, la del Gobierno de Navarra y su Presidenta o Presidente. Aquí un villancico atragantado por el mazapán y acullá el artículo sesenta y ocho, titulado ‘investigados por delitos de corrupción’. Establece lo siguiente: ‘en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones’. El sesenta y ocho estaba ahí, tranquilo sin llamar la atención, inadvertido desde que en la legislatura pasada lo impulsaron el anterior Ejecutivo de Uxue Barkos y su cuatripartito sostenedor de Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, hasta que ahora, casualidades de la vida, le ha caído imitando a una pedrada a uno de aquellos promotores: el entonces y hoy consejero Manu Ayerdi, de Geroa Bai por el PNV, contra el que el Supremo ha abierto causa penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el dinero dado a Davalor. Un artículo aprobado por unanimidad. UPN, PSN y PP también pulsaron el sí. Se atribuye a Otto von Bismark la reflexión de que con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. La redacción de la que nos entretiene contiene grasa populista y envoltura de haberse pasado tres pueblos. Dejar desnudo de defensa a un alto cargo ante cualquier querella sólo parece salir de los planes de quienes quizás consideraban que en el futuro gobernaría el rival y le iban a estar aguardando. Pero no. Jugaron con cerillas y se ha quemado Ayerdi, anunciador de que dimitirá cuando el juez instructor le confirme como investigado. Su Gobierno, sin embargo, el día antes ya le empujaba vía comunicado: se irá él por iniciativa propia o le cesará la presidenta María Chivite porque, argumentaba, el artículo sesenta y ocho no arroja dudas y hay que cumplirlo. Si uno fuera malpensando creería que en la parte socialista del gabinete no lloran de pena por la caída de un Ayerdi a cuyo departamento ya le quitaron competencias para dárselas a otros. Pero ha sido publicar este periódico que el director general de Administración Local, Jesús Mari Rodríguez, del PSN como Chivite, no dimitió pese a ser citado como investigado por un presunto delito de prevaricación, y llenarse de nieblas la clarividencia en el Ejecutivo. A día que pasa, excusa nueva. Rodríguez recurrió y salió indemne, pero la norma ni siquiera contempla eso. De pronto, claro, es injusta, ha alegado la presidenta. No sé ustedes, pero yo no me montaría en un autobús conducido por un chófer sin brazos. Y digo más: no me fiaría de legisladores que regatean o, directamente sin anestesia, incumplen lo que ellos mismos legislan. Llámenme raro.

Diario de Navarra

Ayerdi+Rodríguez = Ayerdríguez

Opinión de Marcos Sánchez

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