Diario de Navarra

La educación, de nuevo, como objeto de controversia. Otra vez la ley del péndulo gravitando sobre nuestro sistema educativo, alterando la necesaria paz de las escuelas, la preparación de los docentes y ensayando un día sí y otro también experiencias educativas no contrastadas. Mucha retórica y poca propensión a la mejora del estudio se desprende de la nueva ley de educación en trámite, que es lo que conduce al fin y a la postre, a facilitar la creación de una ciudadanía libre con opinión y preparación para la vida profesional. La nueva ley en ciernes pretende pasar como Atila sobre la anterior reforma educativa, la llamada Ley Wert, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que ahora se deroga in totum. La ley en tramitación ha saltado a los titulares de los periódicos por la cuestión de la aparente supresión del castellano como lengua vehicular en las diferentes fases del proceso educativo. Pero esto, a la vista del texto del proyecto y en especial del informe de la ponencia aprobado en la Comisión de Educación del Congreso el pasado 13 de noviembre, no se compadece con la realidad, amén que si así fuese sería inconstitucional de raíz, como ya se preocupó de señalar la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, al declarar tajantemente que “el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje de la enseñanza”. La nueva ley presenta otros aspectos, positivos unos y negativos otros, que paso a glosar. Como artículo previo cabe señalar que la ley no busca el consenso, sino que pretende ser una ley con el sello del polo de las izquierdas, como testimonia los apoyos recibidos, lo que no es la mejor forma de hacer leyes de educación, puesto que si algún día vuelve a ganar el centro derecha, se elaborará otra ley de Educación de signo contrario. Pareciese que no hubiésemos aprendido nada de nuestra historia reciente. La primera impresión de la lectura del dictamen es la preocupación por el niño en formación como un ser de algodón, al que hay que cuidar, lo que puede ser un desiderátum encomiable en la primera fase de la infancia, para afianzar la personalidad y la autoestima, pero no a medida que los alumnos van creciendo y madurando, lo que les exige ser resilientes y competitivos para la vida, lo que no significa la falta de atención a aquéllos que lo necesiten. Me parece que este aspecto debe ser destacado, pues todo el proyecto se resiente de dicha apuesta en la que destaca una preocupación excesiva por la educación emocional, la empatía, el “buen rollo” y poder pasar de curso o aprobar el bachillerato con ayudas de comisiones de valoración y poca preocupación por la formación real de hombres y mujeres para el mañana. El ejemplo claro: Rafa Nadal, no hubiese sido campeón con tantos paños calientes. Tampoco nuestra joven y gran bióloga María Blasco, candidata al nobel, por su aportaciones al estudio de la telomerasa. La segunda, es la propensión revisora de aquellos aspectos que han funcionado en general bien, como son los conciertos educativos, la admisión de alumnos, la libre elección de centros, la participación de padres, la convivencia del castellano con otras lenguas propias o cooficiales, si exceptuamos la “inmersió” catalana, aunque tampoco se entiende muy bien las exenciones de exámenes en lengua y literatura de las lenguas cooficiales, como aparece a lo largo del texto. Un tercer aspecto muy significativo para las CC.AA es la potenciación de las mismas como actores del sistema educativo, que ya lo eran pero con una mayor dimensión legislativa. Prueba de ello es su competencia para el desarrollo de la ley orgánica directamente por los Parlamentos autonómicos (art. 6.3). Se potencia la inspección del Estado, pero habrá que ver si es solo mera retórica para acallar las concesiones a las autonomías o si va en serio, cosa novedosa pues no ha funcionado en treinta años. Finalmente, me parece positiva la regulación del sistema de becas, la preocupación por enseñar la historia de nuestra democracia, si bien con el pie forzado de la igualdad de género; también el que nadie se quede atrasado, el derecho a la segunda oportunidad. Más discutible puede ser lo relativo a la evaluación y promoción de alumnos, así como las debidas cautelas con la introducción de la llamada educación no formal y la desvalorización en la expedición de títulos académicos, otorgando excesiva discrecionalidad en su concesión para alumnos especiales o con problemas. La pregunta que surge es si era tan difícil llegar a acuerdos. La respuesta en el momento presente, casi imposible. Manuel Pulido Quecedo, doctor en Derecho Constitucional

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A vueltas con la Educación

Si algún día vuelve a ganar el centro derecha, se elaborará otra ley de Educación de signo contrario, como si no hubiésemos aprendido nada

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