La multitudinaria manifestación motorizada que esta mañana recorría Pamplona muestra de forma evidente el amplio rechazo que la nueva ley de educación, conocida como ley Celaá, suscita entre amplios sectores de la comunidad educativa, especialmente entre los padres de la educación concertada. Similares concentraciones se han realizado en docenas de ciudades españolas. Días antes, la descomunal bronca que acompañó ayer en el Congreso de los diputados la aprobación de la reforma educativa evidenció el clima de confrontación que sufre la política nacional. Pero sobre todo, la mayor carencia de la nueva norma: la ausencia de unas mínimas bases de acuerdo entre los principales partidos que permitan caminar hacia una mejora en la calidad de la enseñanza al margen de quién esté al frente del país.

Es impropio de una democracia avanzada que, en lugar de propiciar un pacto de Estado sobre una cuestión tan esencial, el Gobierno vuelque sus obsesiones ideológicas en una regulación de esa trascendencia, lo que aleja cualquier entendimiento con la oposición. Entre las medias más polémicas y que mayor fractura han ocasionado está la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza; se elimina la “demanda social” para abrir nuevos centros o aumentar plazas en la concertada; no tendrán financiación pública los centros que separan al alumnado por su género; se limitan las repeticiones y se podrá pasar el curso con asignaturas suspensas...

La educación, un pilar básico de cualquier país, necesita un marco legal consensuado. Por eso, la reforma que salió ayer del Congreso es otra oportunidad perdida en la que el Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos), acompañado por las fuerzas nacionalistas, ha priorizado la ideología por encima del pacto y la estabilidad necesaria que requieren los centros, el profesorado, los alumnos y las familias. No tardará mucho antes de que significados aspectos de esta norma lleguen a los tribunales, en un intento de frenar lo que consideran un ataque a la libertad de enseñanza; y en el momento en que se produzca un cambio de gobierno -lo ha anunciado el PP-, esta ley seguirá la misma senda que las anteriores: el ostracismo.