Diario de Navarra

El Gobierno está cargando sobre las espaldas del sector hostelero su propio fracaso. El de la hostelería es un sector económico que sostiene en Navarra 18.000 empleos y que reporta el 6% del PIB total de la Comunidad Foral. El Gobierno de Navarra, a medida que crecían los contagios de covid-19 de una manera galopante, ha ido imponiendo restricciones a este sector hasta decretarle el cierre total de sus negocios. Nunca, los representantes del Gobierno han reconocido un solo error, ni una mínima responsabilidad sobre estos inexplicables datos y cuando de manera tardía y arrastrado por la descontrolada situación, ha debido acordar algo, siempre ha aplicado casi como única terapia la implantación de limitaciones o impedimentos de diversa índole a la gestión del negocio por parte de los hosteleros. De esta forma, en la opinión pública, asumíamos el diagnóstico según el cual, la propagación de la pandemia procedía de “los bares” (acogiendo en este concepto todo local hostelero de diferente categoría). Al señalar un elemento externo como culpable o causante sin ofrecer ni un solo fundamento objetivo, no solamente se estigmatiza de forma injusta a miles de profesionales sino que se desvía la asunción de responsabilidad por parte de quien gobierna. Esta actitud entraña una injusticia pero además representa una grave irresponsabilidad afirmar que se impone el cierre absoluto a la actividad hostelera, para proteger a los ciudadanos cuando el principal encargado de protegerlos y controlar la extensión del contagio ha fracasado del tal forma que ha situado a la Comunidad foral como una de las peores regiones de Europa en relación al número de personas infectadas. La hostelería navarra no es el causante del alarmante ascenso de contagios y por tanto la condena que se les ha impuesto tampoco va a conllevar la solución por los siguientes motivos: El Gobierno impuso el cierre completo de salas de fiesta y de discotecas el 17 de agosto y lejos de aplacar la curva de contagios, no ha parado de crecer desde esa fecha. Posteriormente, el 11 de septiembre, la consejera de Salud ordenó más limitaciones (aforos, eliminar el servicio en barra…) y lo volvió a hacer como reacción a un nuevo repunte de casos pero sin mostrar dato alguno por el cual tales restricciones podían resultar eficaces. Tanto es así, que este nuevo palo a ciegas, no produjo resultado alguno y los contagios prosiguieron su ascensión y se trasladó y aumentó el problema a las calles, un ámbito más difícil de controlar como alegaron los propios cuerpos policiales. Lo mismo sucedió el pasado 11 de octubre cuando el Gobierno de Chivite ante la incapacidad de adoptar otras medidas decidió acometer nuevas restricciones al mismo sector impidiéndole su actividad a partir de las diez de la noche. De nuevo un daño injustificado, sin éxito alguno respecto del fin pretendido. Por otro lado, la tasa de contagios en el personal de hostelería es la más baja de todos los sectores que trabajan con algún grado de exposición al virus. Así pues, si los casos se incrementan a medida que las medidas frente a la hostelería se agudizan, justo es pensar que estas limitaciones no son eficaces y que la causa principal del preocupante aumento de casos de covid-19 no proviene de esta actividad. Sin embargo, aún en la ausencia de causalidad, ya se ha conseguido acuñar la idea según la cual, cuando la relación social se produce bajo el amparo de un local con licencia hostelera, tal actividad se convierte en la principal responsable de la catastrófica situación. De esta forma, con este castigo infundado por un lado ofrecemos una coartada para evitar preguntarnos “en qué hemos fallado” y por otro trasladamos una incierta pero verosímil actitud proactiva “hemos tomado medidas”. Eso sí, medidas que las pagan otros en forma de pérdidas económicas y de puestos de trabajo. Y la realidad nos dice que resulta más factible entender que tenemos un mal Gobierno que asumir que en Navarra habitamos los peores y más irresponsables ciudadanos de España y de Europa. La soberbia a veces impide la visión de la realidad En efecto, es imprescindible adoptar medidas drásticas pero las primeras de ellas las debe acordar de inmediato el propio Gobierno tomando decisiones de calado en sus propias estructuras decisorias y en la orientación de gran parte de su línea de trabajo frente a esta grave crisis sanitaria. Y si finalmente además, alguien debe padecer especialmente determinadas penalidades, debe mostrarse antes la justificación objetiva de mismas y poner a disposición del damnificado la justa y proporcionada compensación. Nada de esto se ha hecho. Al menos debemos saber que se ha acusado injustamente a todo un sector económico que va a padecer un deterioro tan inmerecido como hasta el momento ineficaz. Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia. Parlamentario foral por Navarra Suma y miembro de UPN

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Injusto e ineficaz castigo a la hostelería

La hostelería no es el causante del alarmante ascenso de contagios y por tanto la condena que se les ha impuesto tampoco va a conllevar la solución

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