Diario de Navarra

Los Gobiernos de Navarra y de La Rioja han establecido mediante normas autonómicas de rango reglamentario el confinamiento perimetral de sus respectivas Comunidades Autónomas. Anteriormente, numerosos gobiernos autonómicos decretaron el confinamiento perimetral de municipios con la misma finalidad: detener la transmisión de la covid-19. Desde un punto de vista estrictamente constitucional cabe hacer dos consideraciones. La primera que son medidas necesarias y que cumplen una finalidad constitucional y legítima: la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas. La segunda que -por la autoridad que las adopta- son inconstitucionales porque las Comunidades Autónomas no tienen facultades para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales de esa intensidad. Esas restricciones sólo son constitucionalmente admisibles en el marco del Derecho de crisis o de emergencia. Las autoridades autonómicas se amparan en la LO 3/86 de medidas especiales en Salud pública para decretar los confinamientos. Pero la interpretación de esa ley conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) no permite tal cosa. El TC ha insistido siempre en que para que un Gobierno pueda limitar derechos fundamentales es preciso que exista una ley orgánica (aprobada por los representantes de los ciudadanos en las Cortes) que se lo permita. Esta Ley Orgánica según el TC tiene que cumplir una serie de requisitos. No puede ser un cheque en blanco, para entendernos. La ley necesariamente tiene que precisar qué derechos pueden restringirse; el interés público esencial que justifica la limitación; y las condiciones y garantías de la limitación. Es evidente que la LO 3/86 no cumple esos requisitos. Lo único que prevé en su artículo 3 es que se podrán “adoptar medidas… para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos... así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. En ninguno de los cuatro artículos de esa ley se especifica derecho fundamental alguno que pueda ser restringido, y tampoco, lógicamente, las condiciones y garantías de la limitación que exige nuestro Tribunal Constitucional. No es posible extraer de ese precepto la cobertura para limitar la libre circulación de todos los habitantes de un municipio o provincia sin más conexión que la residencia. Esos confinamientos -necesarios desde la óptica de la protección del derecho a la vida y a la salud- sólo son constitucionalmente admisibles en el marco de un estado excepcional. La LO 4/81 reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio sí que proporciona la cobertura jurídica necesaria para adoptar una medida gravemente restrictiva del derecho a la libre circulación y de otros conexos, como es el confinamiento. Concretamente, al amparo del estado de alarma -que según su artículo 4 procede expresamente en caso de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”- se puede “limitar la circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos” (art. 11). En el estado de excepción, se puede “prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine” (art. 20). Desde un punto de vista constitucional esas son las dos únicas disposiciones que permitirían decretar el confinamiento de un municipio, provincia o Comunidad Autónoma. Por ello, el confinamiento perimetral de una Comunidad Autónoma sólo puede ser decretado si previamente se ha declarado el estado de alarma o el estado de excepción. El decreto de declaración del estado de alarma debe prever expresamente la posibilidad de limitar la libre circulación (entrada y salida) de los ciudadanos en determinados municipios y provincias que cumplan ciertos requisitos (niveles de contagios, enfermos, camas hospitalarias disponibles, etc.). Se garantiza así una regulación uniforme del derecho fundamental y de su limitación en tiempos de crisis. Los confinamientos y las restricciones se activarán en aquellos lugares que cumplan las condiciones predeterminadas en el decreto (nacional) de alarma. Corresponderá a las Comunidades Autónomas velar por el cumplimiento de estas medidas. Lo que debe quedar muy claro es que, en el marco del sistema de distribución de competencias del Estado autonómico, ningún Gobierno autonómico está facultado para establecer por sí mismo esta grave limitación de derechos e impedir el desplazamiento interprovincial de ciudadanos. Ni siquiera un Parlamento autonómico podría hacerlo porque la competencia para limitar y suspender derechos en circunstancias excepcionales es exclusiva del poder central (art. 116 CE). Navarra, de la misma manera que no puede cerrar la frontera con Francia (porque es competencia estatal) tampoco puede -por la misma razón- impedir la circulación interprovincial. Con los confinamientos perimetrales, Navarra y La Rioja han invadido claramente competencias exclusivas del poder central. Javier Tajadura Tejada Profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

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"Navarra no puede impedir la circulación interprovincial"

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