Las residencias de mayores ante la pandemia

La covid-19 ha puesto de manifiesto la falta de medios en las áreas sanitarias y de la dependencia, y quienes han sufrido las peores consecuencias de la crisis han sido las personas más vulnerables. Las instituciones públicas deben garantizar una respuesta eficaz ante el rebrote de la pandemia, u otras que puedan producirse en el futuro. Las medidas deben ir dirigidas a las personas mayores y/o en situación de dependencia evitando la infección y la propagación de la enfermedad, garantizando una atención integral social y sanitaria adecuada. Según el informe del Observatorio de la Realidad Social, Efectos del covid-19 en las residencias de mayores en Navarra, a fecha 15 de mayo, el número total de personas con covid-19 en Navarra era de 7.708. De ellas, 1.262 (el 16,4%) vivían en centros de mayores. Se contagió el 22% de los 5.835 residentes y falleció el 7,2%. Asimismo, uno de cada cuatro profesionales de las residencias enfermó por la covid-19. Pero la pandemia no tuvo la misma incidencia en todos los centros: el 71% de los fallecimientos se dio en centros de más de 100 plazas. Uno de cada diez residentes en esos centros falleció. Escalofriante dato. Esa mortalidad se redujo a la mitad (o más) en las residencias de hasta 99 plazas. Igualmente, hubo más contagios de residentes (el 32%) y personal (el 37%) en los centros mayores. Otra de las conclusiones del informe, totalmente lógica, es que en las áreas donde la covid-19 con mayor incidencia en la población, la ha tenido también en los centros residenciales. La Auditoría de los centros residenciales en Navarra ante la crisis de la covid-19, encargada por el Departamento de Derechos Sociales, entre sus principales resultados (además de los ya señalados del tamaño y de la zona) recoge que: Las residencias públicas han tenido un menor impacto: un 36% ha tenido algún contagio, frente al 44% de las privadas con ánimo de lucro y el 50% de las sin lucro. Las residencias con más fallecidos tienen una ratio inferior a 70 profesionales por cada 100 residentes. La tasa de fallecimientos es del 8% y la tasa de contagios del 28%, mientras que para las residencias con ratios superiores al 70% la incidencia se queda en el 6% y el 20%. Parecen, pues, evidentes algunas de las medidas a tomar para evitar que se repita algo similar a lo ya padecido por ésta u otras causas: lo relacionado con medios materiales tendría una solución sencilla. Es cuestión de hacer una previsión con su correspondiente inversión. Igualmente sencilla sería la elaboración de protocolos para la gestión de los centros en caso de alarma, incluyendo el necesario apoyo externo, principalmente sanitario. Apartado en el que la Administración debe jugar un papel fundamental, al igual que en un mejor desempeño de su función de supervisión y control de los centros residenciales. Menos sencilla resulta la necesaria modificación del modelo residencial, en el que el sector público debe ganar peso, y en el que se debe evitar que el cuidado de las personas mayores y/o dependientes deje de ser un servicio público, un derecho y un deber, y se convierta en negocio. Mientras tanto resulta urgente abordar algunas cuestiones, que también tienen que ver con el modelo, directamente relacionadas, como hemos visto, con la propagación de la enfermedad en las residencias. Sobre todo porque estamos en proceso de aprobación del decreto foral que regula el funcionamiento de los servicios residenciales, las autorizaciones y homologaciones. La titularidad pública o privada incide en el número de contagios y fallecimientos porque las privadas suelen disponer de menos medios humanos (con peores condiciones laborales, salariales, mayor precariedad…) y materiales, ya que lo que se ahorran por aquí incrementa su beneficio. Además, han tenido repercusión las ratios de profesionales por número de residentes y el tamaño de los centros. Así, en los informes citados, se señala una diferencia significativa entre centros de más o menos 100 residentes y entre ratios de más o menos 70 profesionales por cada 100 residentes. Por lo tanto, urge una reflexión sobre el papel de lo privado en la gestión de servicios esenciales como este. Tenemos que poner coto a la presencia de fondos buitre en las residencias y centros de atención a personas con discapacidad. No puede ser que esos servicios estén en manos de empresas que buscan el máximo beneficio, y que además operan en paraísos fiscales. Los concursos públicos, la actividad pública, debe servir también para reforzar a las empresas con un compromiso social contrastado, no lo contrario. Pero a pesar de que la evidencia demuestra que, para la salud y seguridad de las personas residentes, es mucho mejor vivir en centros de menos de 100 plazas con 70 o más profesionales por cada 100 personas, el nuevo decreto foral permitiría que se sigan creando centros de hasta 143 plazas, con unas ratios de personal que no se acercan, en la mayoría de casos, a ese 70% y que, incluso, podría reducirse con la utilización de personal voluntario. Estamos a tiempo de mejorar lo referente al tamaño, las ratios de personal y la utilización de personal voluntario en sustitución de personas con un contrato. Intuimos que las empresas, principalmente las que ven en este campo una oportunidad de negocio, no lo pondrán fácil pero cuando hablamos de salud, de condiciones de vida, de seguridad, no podemos plegarnos a los intereses del capital. Y confiamos en que el actual gobierno, y en concreto la consejería de Derechos Sociales, en base a sus propios datos, estudios y conclusiones, así lo entienda. Javier Barinaga, secretario de políticas sociales y públicas de Comisiones Obreras

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