El tsunami que viene

Estamos a mediados de octubre y seguimos siendo gobernados con unos Presupuestos de 2018 que se aprobaron siete meses tarde y que Pedro Sánchez -entonces todavía, por poco tiempo, en la oposición- rechazó tajantemente, aunque haya sido incapaz hasta ahora de lograr la aprobación de unos nuevos. Y no sabemos si el Gobierno va a ser capaz de presentarlos ahora y quiénes le van a apoyar. Las opciones son dos: el bloque de la investidura, con ERC o Cs. Los resultados finales no serán los mismos en uno u otro caso. En todo caso, el PNV y/o ERC cobrarán su parte, y hasta Teruel Existe sacará tajada. Sabemos que el techo de gasto va a convertir las cuentas del Estado en las más expansivas de la historia, un 53 por ciento más de gasto contando con 27.000 millones de Bruselas, pero no sabemos qué ingresos vamos a tener, lo cual parece no importar. Ni las cotizaciones empresariales ni el impuesto de sociedades ni el IVA ni otros impuestos van a crecer, pero sí lo harán el gasto en desempleo o pensiones. Tampoco nadie parece haber echado cuentas de lo que va a suponer la caída del empleo, una vez que se acaben los ERTE, que nos van a costar, como mínimo, el doble de lo que nos ha prestado Europa. Y que hay que devolver. El Gobierno mandará el jueves sus previsiones a Europa, pero es posible que Bruselas pida más concreciones y propuestas concretas de reformas. No parece que el Gobierno las tenga y, sobre todo, que las tenga cuantificadas ni tampoco que las haya negociado o consensuado con los sectores afectados. El presidente Sánchez ha anunciado que se crearán 800.000 puestos de trabajo en tres años -la mitad de los que se creaban en tiempos de Rajoy y sin ayudas europeas- pero no ha dicho qué va a pasar con el empleo y las nóminas de esos 1,4 millones de trabajadores cuyos sueldos paga todavía el Estado por causa de la pandemia. El cuadro macroeconómico del Gobierno prevé un mayor déficit del estimado hace dos o tres meses, ya muy elevado, y la presidenta de la AIReF acaba de decir que no pagaremos la deuda pública antes de 2050. No me gusta ser agorero, pero en la calle es donde se nota de verdad lo que está pasando. En las de toda España, donde los autónomos están más cerca cada día de tener que tirar la toalla y donde el Ingreso Mínimo Vital no llega a los que lo necesitan porque la burocracia no es capaz de activar todas las solicitudes. En ciudades como Madrid, donde se está librando una batalla política para descabalgar a la comunidad autónoma del lugar económico y de desarrollo en que se encuentra y para demostrar que la culpa es del PP, hay cada vez más comercios cerrados, menos actividad comercial, por supuesto menos turismo y, una restauración amenazada de muerte, con decenas de miles de empleos en riesgo inminente. No difiere mucho de lo que pasa en toda España, donde el termómetro social se enciende. Cáritas, el Banco de Alimentos o la Cruz Roja denuncian que se acaban sus fondos y sus posibilidades de atender a toda la gente que lo necesita, población vulnerable en riesgo de perder vivienda y empleo. La pandemia está haciendo crecer las desigualdades. Es tiempo de soluciones compartidas, de escuchar a los que saben y a los que se están jugando la vida y el futuro, de acuerdos sociales, de hombres de Estado, de una cierta grandeza. Si el Gobierno se cree que ellos solos pueden sacar adelante al país, se equivoca. La salud y la economía son los dos grandes problemas de esta hora. No se puede primar uno sobre otro. No se puede acabar sano, pero en quiebra. No podemos hacer un país de subsidiados. Ni es bueno ni hay dinero. Queda tiempo para arreglarlo, pero no demasiado. Francisco Muro de Iscar, comentarista

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