El abuso del derecho de gracia, por Manuel Pulido

El derecho de gracia está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 62 i) como una prerrogativa que puede ejercer el Rey con arreglo a la ley, aunque su ejercicio efectivo corresponde al Gobierno, que es quien refrenda su concesión. Su origen histórico está vinculado desde tiempo inmemorial a la “más espléndida joya de la corona de los reyes”, la idea de clemencia, que más tarde pasó a los textos constitucionales de los países civilizados, entre ellos el nuestro. Hoy, la utilidad del indulto se manifiesta como un instrumento de política criminal a modo de válvula de escape para resolver determinadas situaciones sociales, o en el plano individual para corregir errores judiciales, de mal funcionamiento de la Justicia o de equidad para paliar la aplicación de medidas o penas desproporcionadas. Sin embargo, la utilización excesiva del derecho de gracia, del que existen numerosos ejemplos en la historia de nuestro país y de otros de nuestro entorno, puede conducir a su abuso, tanto por su aplicación a supuestos inadecuados, como puede ser su utilización por motivos políticos, como por su ejercicio a modo de justicia retenida en manos del Poder Ejecutivo. Descendiendo a los temas de nuestro tiempo, la pregunta que responder es si la tramitación del derecho de gracia que el Gobierno del presidente Sánchez lleva a cabo sobre las condenas de los implicados en el procés por delitos de rebelión y sedición puede ser un supuesto de abuso del derecho de gracia o no, máxime cuando su anuncio en plena negociación presupuestaria parece alejarlo de la idea de equidad antes expuesta. La tramitación de las medidas de gracia se efectúa en nuestro sistema con arreglo a lo dispuesto en una ley de 1870, modificada en 1988, y comporta desde el punto de vista de la responsabilidad criminal su extinción (artículo 130.1 4ª del Código Penal). Puede ser total y parcial y está sometida a un procedimiento en el que intervienen tanto el Tribunal sentenciador como el Ministerio fiscal. Su concesión no es un paseo militar, pero si el Gobierno se empeña, su tramitación concluye de manera favorable. El Ministro de Justicia Juan Carlos Campo, juez de carrera, pero también ex vocal del CGPJ, diputado y ahora ministro, no ha dado puntada sin hilo al anunciar en el Congreso en el contexto de una pregunta parlamentaria su tramitación a modo de señuelo para atraer al voto independentista de Esquerra y de Junts per Catalunya (integrados hoy en el grupo republicano y el llamado grupo plural del Congreso), lo que ha concitado el rechazo de la oposición al considerarla una medida de efecto equivalente: indulto por apoyo presupuestario. El anuncio de la tramitación del indulto se vincula a la modificación de la tipificación de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, de tal suerte que si los supuestos y la pena de los nuevos delitos se acomoda a los llevados a cabo por los implicados en el procés, sería más fácil aplicar el indulto por razones de equidad, en atención a que las nuevas penas serían más leves que las actuales. La cuestión no deja de ser polémica y levanta una oleada de protestas en atención a que los implicados en el procés independentista no parecen haberse arrepentido, y mucho menos haber pospuesto su idea de romper la Constitución Española y la unidad territorial en la que se sustenta, pudiendo añadir leña al fuego de un problema que hoy no tiene vías de solución política. A la pregunta de qué medios dispone la oposición para tratar de enfriar el asunto, pueden concretarse en dos. El primero, el del control parlamentario de la medida de gracia, que puede no ser muy eficaz de momento, pero sí la de trasladar a la opinión pública la idea de un indulto sin causa alguna, más allá de la del mercadeo de votos. La segunda es la vía jurisdiccional, tanto ante el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo), como ante el Tribunal Constitucional, vinculadas a la idea de incumplimiento de los trámites establecidos para su adopción, al calificar el TS (Sala Tercera), en su jurisprudencia, el indulto como “una facultad potestativa no susceptible de ser combatida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo cuando se incumplan los trámites establecidos para su adopción”, entendiendo que el control del TS se extiende a los aspectos reglados del procedimiento. Nueva cuestión, por tanto, para el desgarro nacional, cuando lo relevante en estos tiempos de crisis totémica sería la de orillar los aspectos problemáticos y centrarse en sacar adelante el país, cosa que hoy parece casi imposible por los unos y los otros, como diría Unamuno. Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional

El abuso del derecho de gracia

Los implicados en el procés independentista no parecen haberse arrepentido y mucho menos haber pospuesto su idea de romper la Constitución

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