Diario de Navarra

Los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como sus renovaciones han sido desde su inicio (1980), problemáticos. Federico Sainz de Robles, su primer presidente, magistrado que con su presidencia honró al CGPJ, echó un pulso al poder ejecutivo y legislativo en los años ochenta del siglo pasado y lo perdió con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, de 29 de julio, que dio su aval constitucional a la parlamentarización del nombramiento de sus miembros. Desde entonces, derecha e izquierda, representadas por los dos partidos de Estado, PP y PSOE, con el concurso de PNV y la antigua CiU, han conducido el funcionamiento del CGPJ en sus ya cuarenta años de existencia, que se cumplen o han cumplido en este 2020. Pero también desde finales de los ochenta citados, la configuración del CGPJ como un órgano constitucional de elección parlamentaria ha concitado la división entre el modelo parlamentarizado que defiende en general la izquierda y el modelo constitucional que preconiza el centro derecha. Consistente este último en el restablecimiento de la elección con arreglo a la dicción literal del artículo 122 de la Constitución, esto es, veinte miembros elegidos, doce por los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, entre abogados y juristas con más de quince años de ejercicio profesional. Las diferencias de modelo no han impedido el funcionamiento del CGPJ con las dificultades señaladas, con el añadido de que la judicialización de la vida política ha realzado su posición en el sistema en virtud de la facultad de nombramientos de cargos judiciales, en especial Tribunal Supremo (entre otras, Sala 2º y 3ª), Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, presidencias de Audiencias Provinciales, etc..., lo que pone en sus manos el control del poder judicial, pieza codiciada en nuestros días. Por el CGPJ ha pasado lo mejor de nuestra aristocracia jurídica: Hernández Gil, Javier Delgado Barrio, Xiol Rios entre otros; pero también jueces y políticos muy problemáticos, por citar solo al ex presidente Divar o al juez prevaricador propuesto por Pujol, Pascual Estevill. Ha sido además un buen retiro para políticos y juristas de partido, el primero, Pablo Castellanos, y también para sentar en el CGPJ a miembros granados de nuestra Bar Association. La pregunta que muchos se hacen es por qué el CGPJ no se renueva en 2020 tras siete años de mandato, los dos últimos de prórroga. El presidente Sánchez y su coro mediático ponen en manos del líder del PP, Pablo Casado, la responsabilidad del acuerdo, que según parece ha estado a punto de producirse, tras la negociación de dos ex vocales del CGPJ, los dos jueces metidos a políticos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y portavoz del PP, Enrique López. Algunos analistas han puesto de manifiesto, por un lado, el riesgo que corre el PP como partido de Estado, de bloquear un nombramiento previsto en la Constitución, pero, de otro, desconfían del gobierno y de su partido de introducir elementos radicales que alteren el consenso sobre la Justicia. Seguramente como pueden leer entre líneas, todo es política, administrada según las circunstancias del momento. Un riesgo que debería evitarse, como ya se ha puesto de manifiesto, es pactar un paquete de nombramientos: CGPJ, TC, Defensor del Pueblo, etc... Si se quiere renovar el CGPJ para que cumpla su función en los términos que hoy puede cumplir, más allá de la paridad en la elección 10/10 o 9/10, debería ponerse énfasis en la condición de los elegidos, presididos por una autoridad jurídica, reconocidos por todos y nombrados libremente por el Pleno del Consejo y no por el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, esto es, rompiendo la dinámica del CGPJ como un parlamento judicial que vota con arreglo a sus mayorías. El órgano de gobierno de los jueces debe estar integrado por personas en su mayoría independientes y en esa independencia está la base de la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial tanto en sus nombramientos más allá de camarillas y componendas, como en el cumplimiento de su función ex Constitutione. Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional

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¿Qué hacer con la renovación del Consejo del Poder Judicial?

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