Diario de Navarra

La decisión del rey Juan Carlos, esperada desde hace unas semanas y anunciada ayer, de trasladarse a vivir fuera de España debe ser respetada y valorada en sus justos términos. El anterior titular de la Corona rinde así su último servicio al rey Felipe VI, ante la repercusión pública de las investigaciones sobre posibles comisiones recibidas y cuentas no declaradas fuera de España desde su abdicación en 2014. A la espera de que se aclare la situación y los tribunales puedan decir la última palabra, don Juan Carlos tiene derecho como todo ciudadano a la presunción de inocencia. Esta es la grandeza del Estado de Derecho en el que vivimos desde 1978. Es cierto que esta norma básica de la democracia se ignora por los representantes de partidos populistas, que incluso desde responsabilidades en el Ejecutivo buscan desestabilizar las instituciones, en vez de sumar sus fuerzas para garantizar la convivencia en libertad en momentos difíciles como el que ha provocado la covid-19. Al mismo tiempo, es comprensible que el actual Rey haya puesto distancia respecto a ciertas conductas privadas de su padre, incluso aunque no recaiga sobre ellas sentencia alguna. Don Juan Carlos se retiró de sus actividades institucionales hace un año. En marzo pasado, Felipe VI tomó dos medidas contundentes, retirarle su asignación presupuestaria y prometer su renuncia a la herencia paterna. Ahora suma a estas decisiones el agradecimiento por la salida a sus 82 años de don Juan Carlos de La Zarzuela, donde ha vivido más de medio siglo. La Corona es un símbolo que solo está vigente si el comportamiento de su titular se inspira en la idea de ejemplaridad, una tarea central en la que don Felipe pone todo su empeño desde el principio de su reinado. El imperativo de un rey en una monarquía parlamentaria del siglo XXI no es solo respetar la Constitución y las leyes, sino tratar cada día de encarnar aquellos valores que conforman una vida ciudadana ética y de servicio al bien común. Es justo reconocer que sin la obra política y la figura de don Juan Carlos, verdadero motor del cambio tras la muerte del general Franco, nuestro país no hubiera transitado en tan poco tiempo y con tan buenos resultados de la dictadura a la democracia y de la autocracia a la modernidad. El legado de la transición y del conjunto de su reinado, los mejores cuarenta años de nuestra historia en cuotas de libertad y progreso, no debería quedar empañado ni mucho menos cuestionarse por las sombras que lleguen a proyectar episodios de su intimidad. La justicia tendrá la última palabra, pero actuaciones individuales ejercidas en el ámbito privado no pueden cuestionar la institución, porque lo que se cuestionaría son las bases de nuestra democracia constitucional. La renovación que supuso en 2014 la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI ha fortalecido la institución. Con este relevo, España cuenta hoy con una Monarquía que cumple con esmero las tareas asignadas por la Constitución y que busca representar la unidad, la moderación y la concordia en momentos difíciles. El conocimiento profundo de la diversidad española, su impecable labor internacional y su europeísmo son grandes activos de don Felipe. Ante crisis de gran envergadura, la Corona cumple su papel constitucional con eficacia y altura. Así lo han vuelto a demostrar los Reyes con su viaje por los distintos rincones del país en este mes de julio. El Gobierno y las demás instituciones del Estado no solo deben respetar la Corona, sino que están llamados a reconocer su importancia vital para la democracia en España.

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El atribulado final del rey emérito

La decisión del rey Juan Carlos busca alejar de la polémica a la institución monárquica. Felipe VI ha puesto su empeño desde el comienzo de su reinado en la ejemplaridad de la Corona

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