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Opinión
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El Rey Emérito y el futuro de la Monarquía

Javier Tajadura
Javier Tajadura
DN
  • Javier Tajadura
Actualizada 05/08/2020 a las 18:37

La salida de España del Rey Emérito ha sido una decisión comprensible y previsible ante la indignación provocada por las últimas noticias relativas a sus peligrosas amistades y a presuntas irregularidades financieras. Ahora bien, su turbulenta y desordenada vida privada no debe impedirnos reconocer que, durante su reinado y gracias al régimen que contribuyó a crear -la Monarquía parlamentaria de 1978-, España ha vivido los 40 mejores años en términos de libertad y bienestar de toda su historia.

Con el comunicado del 3 de agosto y su marcha de España, se cierra definitivamente el proceso iniciado en junio de 2014 con su abdicación. Abdicación mediante la que, de facto, el Rey asumió responsabilidades políticas por los errores cometidos. Con su marcha de España, hace explícito lo que en 2014 estaba implícito. Y de esta forma, establece un distanciamiento absoluto y definitivo con la institución para evitar que sus enemigos lo utilicen para atacar y erosionar el reinado de su hijo. El titular actual de la Corona no debería en modo alguno verse afectado por la conducta de su padre. A un similar y ejemplar desempeño de sus funciones constitucionales, Felipe VI une un comportamiento privado caracterizado por la ejemplaridad. Ha introducido la transparencia en las finanzas reales y se ha desvinculado por completo de las actividades económicas de su padre, renunciando simbólicamente a la herencia que pudiera corresponderle.

Dado que la Corona es la clave de bóveda del pacto político y del edificio constitucional alumbrados en 1978, algunos están intentando utilizar la crisis para atacar la institución. Es el caso del vicepresidente Iglesias y su formación política. Ayer, Iglesias Turrión calificó de indigna la marcha del Rey Emérito y la vinculó a un intento de eludir la acción de la justicia por delitos muy graves. Eso es completamente falso porque el Rey Emérito está a disposición de la Justicia y porque su conducta, moralmente reprobable, sólo podría eventualmente incurrir en delito fiscal. Hasta el 18 de junio de 2014, el Rey estuvo protegido por una inviolabilidad que es absoluta, opera frente a todas las jurisdicciones, y abarca la totalidad de actos y omisiones realizados mientras fue Rey. Por todos los regalos recibidos antes de esa fecha no se le puede exigir responsabilidad penal alguna. No cabe hablar, por tanto, de comisiones ni de cohecho alguno. Por la misma razón no hay delito de blanqueo de capitales puesto que este exige que el origen del capital blanqueado sea delictivo. El único delito que eventualmente se le podría imputar al Rey Emérito es el fiscal (a partir del 19 de junio de 2014). En este caso, puede realizar una regularización fiscal voluntaria (art. 305 del Código Penal) para eludir la acción penal.

Por lo que se refiere al lugar de Juan Carlos en la Historia, la sociedad, el Gobierno, las Cortes y todos los poderes públicos, en general, deberían tener la suficiente altura de miras para diferenciar la vida privada del monarca de su legado histórico y político.

La marcha del Rey Emérito no debe conducir a una suerte de damnatio memoriae en virtud de la cual los romanos condenaban y erradicaban el recuerdo de un gobernante caído en desgracia. Las calles, plazas, avenidas, hospitales, etc. que llevan el nombre del Rey Emérito deberían conservarlo. Las razones que justificaron esas denominaciones siguen vigentes : D. Juan Carlos fue uno de los principales protagonistas y artífices de la transición democrática y de la Constitución 78, un actor clave para abortar el golpe de Estado del 23F, un extraordinario embajador de España durante décadas.

Con todo, la lección es clara, un Rey debe tener en todo momento una conducta ejemplar. Don Juan Carlos no la tuvo y está respondiendo por ello. Lo que resulta inadmisible es pretender trasladar esa responsabilidad a su hijo.

En este escenario, algunos intentarán reabrir el debate sobre el futuro de la Monarquía. Ese debate debe girar en torno a su utilidad y a sus ventajas comparativas con la República en el contexto español. Contexto caracterizado por la crispación, la polarización, el auge de los extremismos, las tensiones territoriales, la inestabilidad política y la pérdida de cohesión social. Factores que ponen de manifiesto la necesidad de una institución que cumpla una doble función - moderadora y estabilizadora - al servicio de la integración política, social y territorial del Estado. Esa institución es la Corona y no resulta fácil -sin recurrir a la demagogia sobre la herencia- demostrar que una jefatura de estado republicana electiva pudiera cumplir mejor esas funciones.

Javier Tajadura Tejada Profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU



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