Diario de Navarra

Desde el 15 de junio, al menos 1,1 millones de hogares, con todos sus miembros en paro, y casi 600.000 que no tienen ningún tipo de ingreso, pueden acogerse al ingreso mínimo vital. Una excelente noticia para una sociedad que cada día ve con tristeza cómo miles de ciudadanos, muchos de ellos ocultando su rostro, hacen cola en las iglesias y centros benéficos, para recoger una bolsa de alimentos. La renta básica no constituye una gran novedad. Está generalizada en Europa. Aquí ha llegado con retraso. La propuesta de UGT y CCOO de 2017 no prosperó. Es verdad que la mayor parte de las comunidades tienen alguna forma de ayuda a familias con problemas económicos. Navarra, por ejemplo, dedica en torno a 100 millones de euros. Fue en la anterior legislatura, cuando se dio un salto importante, pasando de 35 millones de euros dedicados a renta básica, hasta las cifras importantes de ahora. Las sociedades modernas reconocen la renta básica como un derecho fundamental vinculado a la dignidad y al respeto que merece la persona, condenada, si no percibe la renta, a una vida degradada y humillante. Por eso, la renta básica no es tanto un mecanismo de redistribución de la riqueza generada en un país, cuanto un concepto más básico, un instrumento para garantizar la dignidad y el valor de cada persona (y, en consecuencia, de las familias) que busca trabajo o está impedida para trabajar. Por eso la obligación del estado no es sólo garantizar una renta mínima, sino emprender acciones para que, por un lado, se genere trabajo y, por otro, para que quienes se encuentran en paro se formen y aumenten sus capacidades para incrementar sus posibilidades en las ofertas trabajo. Una de las consecuencias más importantes de la pandemia ha sido que ha resaltado el valor de todos aquellos que son capaces de crear un puesto de trabajo. Los ciudadanos tienen miedo al paro y no les consuela pensar que la sociedad les va a proporcionar una renta vital. Quieren seguir activos en su empresa, quieren que los autónomos vuelvan a abrir su negocio y que se prolonguen los ERTES el tiempo necesario para que las empresas en crisis, provocada por el Covid 19, puedan volver a ser viables. Más todavía, los ERTES deberían ser un recurso permanente que ayudara, en cualquier momento de crisis de una empresa, a mantener los puestos de trabajo, aprovechado ese tiempo para la formación y la adaptación del trabajador a las nuevas exigencias de las empresas digitalizadas. La percepción negativa que una parte de la izquierda proyecta sobre los empresarios está siendo neutralizada porque los trabajadores saben que la única esperanza para salir de esta situación es que florezca la actividad empresarial. Hay algunas objeciones que habitualmente se ponen a la renta básica. La primera es que desmotiva al parado para buscar trabajo. Pero no hay que olvidar que, en España, lo mismo que ocurre en todos los países de la Unión Europea, la percepción de la prestación está supeditada a la búsqueda activa de empleo y al compromiso de formarse en tanto no lo consigue. Otro miedo que suscita la renta es que provoque el fenómeno “efecto llamada”. También es un problema real. De hecho, hemos visto como, durante estos días, miles de marroquíes trabajadores temporeros se agolpaban a las puertas de algunos ayuntamientos andaluces para solicitar la renta básica. Pero la ley trata de cortar el efecto llamada puesto que para su percepción se requiere “residencia continuada e ininterrumpida en España durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud, y residencia legal en nuestro país en el caso de ciudadanos y ciudadanas extranjeras”. El modelo español, como ocurre en Alemania, Francia o Malta, exige que sus receptores sean residentes nacionales o extranjeros con permiso y mayores de edad. En Portugal se requiere un año de residencia en el país, Luxemburgo pide cinco, Dinamarca siete, Italia 10 años. Finalmente, el peligro del posible fraude. Pero no sólo se da en quienes perciben la renta básica, sino también en el caso de otras percepciones sociales. Ocurre en el paro, cuando los parados procuran agotar el tiempo que les permite la ley, aunque tengan ofertas de trabajo. Se da en las famosas peonadas del sistema PER, en Andalucía y Extremadura. Y se constata, de manera reiterativa, en el absentismo laboral. Más de un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo de media cada día, según recoge Randstad, en un informe de 2019. Entre ellas, el 73,6% se ausentaron por incapacidad temporal, mientras que el 26,4% restante (276.968 personas) lo hicieron pese a no estar de baja. Sería injusto afirmar que todo el absentismo es fraude. Pero de hecho es un problema serio que abordan muchas empresas en sus convenios colectivos. En resumen, la renta mínima constituye un importante avance social, porque dignifica a las personas y las integra en la sociedad, resalta la importancia y el valor del trabajo y devuelve el honor y el prestigio a los empresarios, imprescindibles para la generación de empleo. Luis Sarriés Sanz Catedrático de Sociología Industrial

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El Ingreso Mínimo Vital y el valor del trabajo

Una de las consecuencias más importantes de la pandemia ha sido que ha resaltado el valor de todos aquellos que son capaces de crear un puesto de trabajo

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