Opinión de José Luis Bértolo: Legitimidad y Estado totalitario

Como es sabido, la Revolución burguesa en Francia (s. XVIII) destruyó la legitimidad histórica del Estado, encarnada en la Monarquía. Para los ideólogos de la Revolución no había un poder monárquico independiente y soberano, solo el pueblo era soberano. En realidad, la proclamación de la soberanía popular por parte de las élites revolucionarias no pasaba de ser un pretexto para atribuir la nueva legitimidad al tercer Estado. La Asamblea Nacional, que representaba al estamento burgués, acogiendo la doctrina del abate Sieyès (Qu’est-ce que le Tiers Etat), se hacía soberana a sí misma. En la expansión del proceso revolucionario por toda Europa, una vez agotada la obra de la Restauración, se fue imponiendo el dogma de la conquista del Estado por parte de aquellos grupos que se organizaran para conseguirlo. Surgieron así los modernos partidos políticos, cuya finalidad es justamente alcanzar el poder de un Estado que se consideraba vacío de legitimidad. Se podría decir que, por obra de la soberanía popular, trasunto de la voluntad general rousoniana, el Estado renacía en cada nueva legislatura. A poco que una sociedad haya crecido, el ejercicio de una voluntad general directa resulta imposible. Con razón Rouseau exigía una unanimidad perfecta. Por eso, ya en plena Revolución se impuso la idea de una representación de esa voluntad, primero atribuida al tercer Estado, nada menos que a una clase social, pero ya posteriormente venía a corresponder de hecho al grupo vencedor en las urnas, dejando para la oposición una representación un tanto nominal. Por su parte, el papel del pueblo soberano era el de espectador de la lucha partidista por el poder, sistema que ha definido la realidad política hasta nuestros días. Pero el Estado no renace en cada legislatura, donde hay sociedad necesariamente hay también Estado en acto (ubi societas, ibi status), que es una realidad natural y no fruto de un inventado pacto social. Hay en el Estado instituciones de carácter permanente, que no interrumpen su función ni cambian su finalidad en cada relevo de legislatura, al dictado de los nuevos inquilinos del poder: la Justicia, el Consejo de Estado, el Ejército y, singularmente, en la forma monárquica, la propia Corona. Y si se trata de instituciones permanentes, lógicamente reclaman una legitimidad igualmente permanente. Dichas instituciones no pueden estar sujetas a un dictado sin condiciones del Gobierno de turno, pues su función tiene un contenido totalmente propio y objetivo. Si realmente se quiere una división de poderes o funciones, es decir, si la democracia no es solamente de boquilla, tales instituciones tienen que ubicarse fuera del ámbito tanto del Legislativo como del Ejecutivo. En realidad, su legitimación la reciben, en las monarquías, de la institución más permanente por definición, que es la Corona, garante de su independencia. Desde la transición, los sucesivos gobiernos, en mayor o menor medida, han tratado de someter a su dictado las citadas instituciones. En el año 85 se anunciaba por un ministro del Ejecutivo la muerte de Montesquieu. No menos grave es la designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por los partidos mayoritarios en el Parlamento. La superposición de Gobierno y mayoría parlamentaria impide el control efectivo del primero. Se dirá que en un sistema de partidos políticos es normal que el Gobierno salga del Parlamento. Pero es precisamente “el Estado de partido” el que plantea los mayores problemas a la democracia, sobre todo cuando el enfrentamiento partidista es radical como en España. Es necesario superar el secuestro por los partidos de la representación popular, estableciendo un sistema de representación abierto a todos los ciudadanos. Todo el régimen constitucional resulta papel mojado ante un poder carente de límites claros y que, además, desconoce cuál es su función. La deriva hacia un sistema totalitario no encuentra contención eficaz. Ni siquiera el Rey usa de su potestad arbitral y moderadora, ni hace valer su Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas, para reconducir la situación. En nuestros días, los excesos del Gobierno alcanzan extremos inimaginables en un Estado de Derecho. El ministro de Transportes se entrevista en Barajas con Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen, sin que los españoles puedan saber el objeto de ese encuentro; un general de la Guardia Civil declara en rueda de prensa que la Benemérita va a controlar las críticas al Gobierno; el ministro del Interior cesa a altos mandos de la Guardia Civil, interfiriendo la acción de la Justicia, porque no se prestan a flagrantes ilegalidades. La opinión pública está expectante para saber cuál va a ser la siguiente puñalada a ese Estado de derecho. José Luis Bértolo Rodríguez Exsecretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra

Legitimidad y Estado totalitario

Desde la transición, los sucesivos gobiernos, en mayor o menor medida, han tratado de someter a su dictado las instituciones

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