La agitada vida política nacional añade un nuevo episodio con Grande-Marlaska como protagonista. Según lo conocido ayer, el ministro del Interior no se atuvo a la verdad de los hechos cuando explicó la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como parte de una remodelación interna de su departamento. Ni cuando negó en el Senado que él o cualquiera de sus colaboradores recabase información sobre las pesquisas que por orden judicial llevaba a cabo la comandancia de Madrid del instituto armado sobre la manifestación del 8-M, autorizada cuando la pandemia empezaba a causar estragos. Grande-Marlaska se mostró elocuente al señalar que conocía perfectamente los límites de su actual función y nunca incurriría en una injerencia en la labor de la Justicia como la que supondría una actuación de esa índole. Pasó por alto que la directora general del Cuerpo, María Gámez, propuso mediante nota reservada de 24 de mayo el relevo de Pérez de los Cobos “por pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Quien firmó ese escrito no tuvo en cuenta la ilicitud de su pretensión para justificar la revocación de un cargo de libre designación que, por eso mismo, tampoco necesitaba argumentar. Que la propuesta fuese dirigida al secretario de Estado de Seguridad tampoco eximía al ministro de la responsabilidad que contraía al hacer efectivo el cese a partir de los motivos expuestos por Gámez. Ésta no se refirió a las investigaciones encargadas por la titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid a la Guardia Civil en relación a la manifestación del 8-M. Pero con su reproche genérico a que el coronel destituido no informaba acerca de investigaciones de Policía Judicial, sobre las que estaba obligado a guardar secreto, incurría en una irregularidad tanto o más grave. La revelación pone contra las cuerdas a Grande-Marlaska, quien descartó ayer dimitir como le exige toda la oposición. Ni las torpes explicaciones del ministro ni las evasivas de la portavoz son una salida aceptable a un incendio político con posibles derivadas judiciales.