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Opinión
Editorial

Avance contra la desigualdad

El Ingreso Mínimo Vital concede a los hogares sin recursos el derecho a recabar del Estado social una vida más digna; pero deberá vigilarse para que no sea un instrumento de fraude

Editorial
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  • Diario de Navarra
Actualizada 30/05/2020 a las 06:00

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto-ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para responder a la crisis social provocada por el covid-19 con una ayuda social destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas y una vida más digna a colectivos desfavorecidos. Y que contribuirá a atajar las situaciones de pobreza extrema que se incrementarán tras la emergencia sanitaria que vivimos. Se trata de movilizar recursos para atender a 850.000 familias que será compatible con el cobro de algún salario. Estas prestaciones -desde 462 euros a los 1.015- son las que permitirán atenuar la pobreza infantil, las situaciones de exclusión y asegurar a la inmensa mayoría de las familias monoparentales un bienestar mínimo con un coste estimado de 3.000 millones anuales. La idea del Ingreso Mínimo Vital cuenta hoy con una mayor anuencia política y social que antes de la pandemia. El contenido del decreto-ley disipan las reservas por el riesgo de que pudiese desincentivar la búsqueda de empleo, no obstante, debe haber un control que garantice la justicia de cada una de las prestaciones. El ministro insistió en que el IMV ha de ser elemento central de una serie de políticas que promuevan mejoras en los itinerarios formativos y en la aptitud profesional ante el mercado de trabajo, así como en el reconocimiento público de las empresas que contribuyan a la igualdad. Ahora corresponde a las comunidades autónomas adecuar sus respectivos subsidios sociales a la novedad histórica de un suelo común para todos los españoles, sin que ello suponga la renuncia a complementar el IMV con prestaciones propias entendidas como derecho subjetivo y no solo como ayudas puntuales. En Navarra, el Ingreso Mínimo Vital permitirá destinar más recursos a la inclusión social. Asuntos Sociales deberá hilar muy fino en la gestión de esta ayuda, teniendo en cuenta que unas 12.000 familias en situación de vulnerabilidad ya reciben la Renta Garantizada. El IMV va a suponer, además, un ahorro a las arcas de la Hacienda foral, al haber casos coincidentes en ambas prestaciones, y la Renta Garantizada complementaría a la nueva ayuda del Estado.


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