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Coronavirus y derecho a la vida

El gobierno ha olvidado volcarse en crear hospitales de refuerzo y en compras de medicamentos y utensilios, para que a nadie se le deje morir abandonado

Luis Sarriés Sanz

Luis Sarriés Sanz

DN
27/03/2020 a las 06:00
  • Luis Sarriés
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La semana pasada se nos informaba de que la Sociedad Española de Medicina Intensiva, con el respaldo de la Sociedad Española de Medicina Interna, avalaba establecer “un triaje basado en la justicia distributiva” en el ingreso de los pacientes, en base a criterios como la edad o la esperanza de vida. En el caso de personas mayores, la valoración implica tener en cuenta su situación global o “edad biológica”. Este criterio se fundamenta en el principio coste-oportunidad para que admitir un ingreso no implique denegarlo a otra persona que puede beneficiarse más.

No cabe duda que este modo de actuar en los hospitales ha causado una profunda alarma, preocupación e incluso angustia entre las personas mayores y sus familiares, teniendo en cuenta que el 70% de ingresados en la UCI son mayores de 60 años. Y cómo afectarán psicológicamente estas noticias a los 42.500 navarros que superan los 80 años y a los 30.700 navarros mayores de 65 años, de los cuales 21.000 son mujeres que viven solos y que permanecen incomunicados y aislados en sus viviendas.

Y lo que más sorprende todavía es que a estas alturas todavía no haya salido nadie del gobierno para decir que a ninguno de nuestros mayores le va a faltar una cama en el hospital, un respirador o una mascarilla. Porque el derecho a la vida, reconocido como derecho básico en todas las constituciones del mundo, es unipersonal, intransferible, intocable y nadie puede privar a ninguna persona de este derecho. El gobierno ha dedicado muchas horas para diseñar una estrategia económica para salvar las empresas, poniendo encima de la mesa 200 mil millones de euros. Y ha olvidado volcarse en crear hospitales de refuerzo y en compras de medicamentos y utensilios, para que a nadie se le deje morir abandonado y relegado, porque no interesa intentar salvar su vida.

Se dirá que nuestro sistema sanitario se encuentra entre los mejores del mundo. Pero no lo es, por lo menos, en cuanto al número de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, ya que Alemania tiene 800, la media europea es de 504 y en España hay 297. Y, en todo caso, nuestro gobierno no está sabiendo dar una respuesta rápida al problema abrumador de la epidemia y se ha enzarzado en una discusión estéril con algunas comunidades autónomas.

La falta de una política eficiente hace también que se agrave la tensión de los médicos porque son ellos quienes, en última instancia, tienen que asumir la responsabilidad de decidir a quién salvan y a quién abandonan en su camilla para que muera en un rincón de hospital.
Hay que reconocer que este problema ético de decidir sobre la vida de un paciente ya existía, sobre todo cuando se trataba de dar preferencia a un enfermo muy grave frente a otro desahuciado. Pero ahora el problema es diferente, porque no hablamos de ancianos desahuciados, sino de ancianos infectados por un virus y otros enfermos con la misma enfermedad, aunque con menos años.

Es un problema que hay que enfocarlo desde la perspectiva de la bioética, una ciencia compleja que abarca desde el cuidado de las plantas hasta problemas de medicina. Una de sus ramas estudia problemas fronterizos que afectan a derechos básicos como es la ética en los trasplantes, la eutanasia, la ayuda al enfermo desahuciado, la eutanasia y la no asistencia abandonando al enfermo a su suerte por tener que elegir a otro.

Muchos se preguntan por lo que está ocurriendo en Italia, uno de los países de Europa con mayor envejecimiento de su población. Hay que reconocer que en Italia se ha producido lo que algunos han llamado “masacre” de ancianos. “Todos los días debemos decidir a quién salvar. Es la realidad. No estamos en condiciones de hacer milagros” (doctor Salaroli). Los que son más viejos y con más problemas quedan fuera esperando la muerte porque para la terapia intensiva se seleccionan a los que pueden curarse y vivir más tiempo. La Sociedad Italiana de Anestesia, Reanimación y Terapia Intensiva afirma que rige el criterio de dar prioridad “a quien tiene más probabilidades de supervivencia”.

Pero los mismos médicos italianos advierten que estas prácticas “de guerra” las impone la realidad, pero no significa que se ajustan a la ética del respeto de los derechos básicos de las personas. Los últimos responsables son quienes no dotan a los centros de medios . El profesor de bioética de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, Michel Arami, señala que, en momentos especialmente graves, como los actuales, uno puede desviarse de la práctica normal, sin perder el horizonte general. Es decir, deben hacerse todos los esfuerzos requeridos para que a nadie le falte una cama en el hospital.

Por otro lado el establecimiento de un criterio que desborde el derecho a la vida, puede inducir al encubrimiento de prácticas de eutanasia absolutamente reprobables. Porque si admitimos el principio de coste-oportunidad quién va garantizar que no se aplican criterios discriminatorios cuando en la elección está de por medio un enfermo mental grave, uno de Alzheimer, un disminuido psíquico, un deficiente profundo.

Luis Sarriés Sanz, catedrático de Sociología


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