Diario de Navarra

Es curioso que una sociedad tan sensible ante la violación de la mujer no se haya puesto de pie para protestar por los hechos que, desde enero, estamos conociendo acerca de la prostitución de niñas, entre trece y dieciséis años, que han sido acogidas por instituciones sociales de Mallorca para protegerlas y educarlas y han terminado, unas veces vendiendo su dignidad por un móvil, unos euros, un capricho y otras sufriendo violencia de grupo sin que la sociedad se ponga de pie y salga a la calle para protestar por estos hechos y pedir que se aclaren debidamente. Conocemos la sensibilidad de la sociedad frente a casos de violación y aplaudimos que la gente proteste en las puertas de los ayuntamientos cuando se conoce que una joven ha sido violada en las fiestas del pueblo. Pero nadie se acuerda de estas niñas, tremendamente vulnerables, que apenas se asoman a la vida, y que lo hacen cruzando el umbral de la prostitución y de la degradación personal. Esas niñas, cuyos padres llorarían amargamente y se preguntarían en manos de quién están sus hijas, deberían tener el apoyo de la sociedad para demostrarles que no están solas. Pero nadie o casi nadie ha salido a la calle. En Mallorca “una veintena” de personas el 26 de enero. Porque los hechos que la prensa nos ha ido relatando son como para que la sociedad se avergüence de sí misma. El Mundo ya denunció, en 2017, lo que estaba ocurriendo. En enero de este año todos los medios de comunicación se hicieron eco de la información de la prensa mallorquina acerca de que “decenas de niñas que escapan de centros de protección social se prostituyen en Mallorca” y que “en algunos centros la totalidad de las niñas ingresadas habían tenido contacto con la prostitución cuando se escapaban”. La lacra se extendió de Mallorca a Menorca, donde fueron detenidos cuatro adultos por abusos sexuales, incluidos menores tutelados. La alarma social se produjo cuando se supo que la pasada Nochebuena una niña de trece años fue violada en un piso por varios menores y un adulto. A pesar de todo nadie salió a la calle. El estupor crece cuando hemos conocido que estas prácticas han sido denunciadas reiteradamente por los empleados de los centros encargados de su educación desde hace, al menos, tres años y han sido investigadas por agentes policiales. A pesar de todo, al parecer, el Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca no habría tomado las medidas adecuadas. El gobierno balear admitió que apartó a cuatro educadoras y un educador por conductas inapropiadas, algunas de carácter sexual, con chicos tutelados. Una actuación insuficiente. Parece ser que la única institución que ha acometido el problema en profundidad es la Fundación Amaranta de las Religiosa Adoratrices, que, tradicionalmente, se han dedicado a recuperar y dignificar a la mujer. La fundación cuenta con varios centros en España y, al parecer, muchas de esas niñas han sido trasladadas a dichos centros. Un tema tan grave debía ser tenido en cuenta por nuestros políticos para tomar alguna decisión en el Congreso de Diputados, un lugar donde tienen que encontrar eco los problemas más graves de la sociedad. Porque “el niño siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material” (Derechos del niño de la ONU). En la sesión del Congreso de Diputados del 25 de febrero estaba previsto un debate sobre “medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación con los menores tutelados afectados por malos tratos o abusos”. Pero la reflexión se convirtió en una trifulca de acusaciones y descalificaciones entre los partidos del gobierno y la oposición. Se eludió entrar en el tema acusando al PP de convertir el debate en un instrumento “para hacer la más baja política” (Pablo Iglesias) y se olvidó que el gobierno balear, formado por socialistas y UP, implicado en el problema, no había intervenido ante hechos tan graves. Simplemente lamentable. No basta con eludir responsabilidades diciendo que el tema está en manos de la fiscalía. Se trata de niñas que arrastran un pasado de desilusiones y frustraciones y que son humilladas y explotadas en la calle o en pisos privados y cuya situación merece una reflexión sosegada y seria. Son niñas que sufren la violencia de género y expuestas a la prostitución. ¿Cabe mayor degradación? Y todos estaremos de acuerdo con las palabras de Pablo Iglesias de que “en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos”, pero sin que la política, de unos y otros, lo ensucie. Mientras no dispongamos de una ley específica que proteja a nuestras niñas y de gobiernos que velen por su integridad, a los ciudadanos no nos queda otra salida que denunciar los hechos y protestar públicamente, aunque en el caso de Mallorca nos quedemos perplejos porque todavía nadie ha salido a protestar a la calle. Luis Sarriés Sanz, catedrático de Sociología

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Y nadie ha salido a la calle

Mientras no dispongamos de una ley específica que proteja a nuestras niñas y de gobiernos que velen por su integridad, a los ciudadanos no nos queda otra salida que denunciar los hechos

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