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Que nadie se quede atrás

Artículo de opinión de Arantza Biurrun, parlamentaria Foral del PSN-PSOE y concejala de Ansoáin

Arantza Biurrun, parlamentaria Foral del PSN-PSOE y concejala de Ansoáin.

Arantza Biurrun, parlamentaria Foral del PSN-PSOE y concejala de Ansoáin.

27/02/2020 a las 06:00
  • Arantza Biurrun
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Una de las noticias destacadas estos días ha sido la posible pérdida de alquiler social de más de 160 familias al perder las viviendas en las que viven su calificación de vivienda protegida, transcurridos los 20 años que prevé la ley.

El Gobierno de Navarra, a través de su vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Paisaje y Proyectos estratégicos, y Testa Residencial, fondo de inversión dueño de las viviendas, llegaban a un acuerdo, por el que se limitaba el precio máximo que se va a cobrar por una vivienda de tres dormitorios en 650 euros. Acuerdo con efecto retroactivo al 1 de enero de 2020, quedando por tanto sin efecto las notificaciones que se habían realizado a los actuales inquilinos e iniciándose un período nuevo de 7 años, plazo que establece la ley de contratos de alquiler.

En el pleno de presupuestos del próximo día 27 se presentará una enmienda, para modificar la Ley Foral del Derecho a la Vivienda de Navarra que previsiblemente contará con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, para seguir protegiendo a las familias inquilinas de viviendas que pierdan la calificación de protección oficial destinadas al arrendamiento cuyo plazo de protección haya terminado. De esta forma se garantiza así que las personas que residen en esas viviendas puedan seguir disfrutando de las subvenciones previstas.

El Gobierno de María Chivite es consciente de que la respuesta dada es una solución en el corto plazo, y que debe ir acompañada por medidas a aplicar en el medio y largo plazo. Por ello, el departamento ya ha puesto sobre la mesa medidas que será necesario adoptar como la calificación permanente de Protección Oficial con el objetivo de mantener el alquiler a precio tasado.

El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, un derecho subjetivo tal y como reconoce la Ley Foral 28/2018. Un pilar fuerte en un Estado Social, equiparable a la educación, la sanidad, pensiones o dependencia. El acceso a la vivienda se ha convertido en una cuestión de emergencia social. El estallido de la burbuja inmobiliaria puso en evidencia las limitaciones de un sistema de promoción de acceso a la vivienda basado en la inversión especulativa, el crédito temerario y el consumo indiscriminado de suelo. El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos como sociedad y uno de los campos en los que el mandato constitucional se ve más insatisfecho.

Compartimos plenamente la apuesta del Gobierno de Navarra por incrementar la oferta pública de vivienda de alquiler en general y de alquiler social en particular: a través del Fondo Foral de Vivienda Social, viviendas con un límite de precio de renta, todas ellas de titularidad pública y además dispersas por la geografía navarra; a través del desarrollo de los programas EmanZipa, dirigido a jóvenes hasta los 31 años y DaVid, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, la Bolsa de alquiler, que a 1 de enero de 2020 contaba con 700 viviendas y al que habrá de ir incorporando un número importante de viviendas actualmente “vacías”. Para ello en los próximos meses el gobierno ha anunciado que estará en disposición de tener el censo de viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Además, tal y como recoge el acuerdo programático alcanzado en Navarra, a lo largo del año 2020 se va a seguir profundizando en el control del precio del alquiler, a través de la definición del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA), un índice que calculará para cada vivienda el importe que en función de sus características debiera tener como renta máxima, entendida ésta como renta ajustada o sostenible. Esta medida irá acompañada, entre otras, de una propuesta fiscal para fomentar los alquileres que estén por debajo de ese índice.

En definitiva, una política de alquiler que garantice una relación lógica entre la renta a pagar y los ingresos de los potenciales arrendatarios, para que las familias con menos recursos no tengan que dedicar la mayor parte de su renta al pago de un alquiler, para que los y las jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida, para que no existan personas que vivan en condiciones de hacinamiento o en viviendas insalubres.

Unido a lo anterior, otra de las líneas de trabajo es la apuesta por la rehabilitación tanto en el ámbito urbano como especialmente en el rural, atendiendo la normativa a las distintas tipologías de vivienda en el ámbito rural.

Por tanto, son grandes los retos que tiene este gobierno pero mayor es el empeño, y convencimiento tanto del Gobierno de María Chivite como del Grupo Parlamentario Socialista de darles respuestas que garanticen al conjunto de la población Navarra la plena igualdad de oportunidades y su bienestar. Seguir trabajando para “que nadie se quede atrás”.

Arantza Biurrun. Parlamentaria Foral del PSN-PSOE y concejala de Ansoáin.


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