La falta de toma de decisiones por parte del Consejo de Administración de la sociedad pública Canal de Navarra (Canasa), en relación a la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra, está demostrando la dejadez de la Administración por una obra vital para el futuro de la Ribera de Navarra. Basta repasar sus convocatorias para comprobarlo. No hay excusa que valga. Ni siquiera los cambios de gobierno.

El 14 de marzo de 2018 dicho Consejo de Administración, adjudicaba por 1,1 millones de euros la redacción del proyecto de la segunda fase del Canal. La empresa adjudicataria tenía un plazo de 16 meses para elaborar el proyecto y debía presentar, en 6 meses, un estudio de alternativas para elegir la mejor opción.

El Consejo de Administración, celebrado el 24 de enero de 2019, 10 meses después de su adjudicación, conoció el estudio de alternativas y estableció que la solución adecuada, entre las 5 propuestas, se decidiría en la próxima reunión. El 27 de febrero, dos consejeros del Gobierno de Navarra y de Canasa, en comparecencia en el Parlamento de Navarra, informan de los errores detectados en el Estudio de Alternativas.

Un año después de la adjudicación del proyecto, el 26 de marzo de 2019, el Consejo de Administración se vuelve a reunir. Según sus notas de prensa, no se adopta ninguna decisión, se explica a sus miembros las mejoras realizadas en el Estudio de Alternativas y se insiste en la necesidad de tener el nuevo borrador lo antes posible, y así poder tomar una decisión con la mayor seguridad técnica y económico-financiera.

Diecinueve meses después, incumplidos todos los plazos, el 22 de octubre, el Consejo de Administración vuelve a ser convocado y acuerda presentar en el próximo Consejo, a celebrar antes de final de año, el Estudio de Alternativas de la Segunda Fase del Canal.

Después de dos meses de esa última fecha, el 19 de diciembre, se realiza otra reunión y se decide que para la segunda quincena del mes de enero se realizará una convocatoria de la Comisión de seguimiento con los usuarios del Canal. En ella se les informará y entregará el estudio de alternativas sobre la segunda fase del Canal. Dicha previsión se vuelve a incumplir y el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 22 de enero publica los Reales Decretos 122, 123, 124, de 21 de enero de 2020, por los que se disponen los ceses de la Subsecretaria para la Transición Ecológica, del Director General del Agua y de la Secretaria General Técnica del ministerio. En el mismo también se publican otros tres Reales Decretos con los nombramientos de sus sustitutos.

Teniendo en cuenta que la Subsecretaria para la Transición Ecológica es la titular de la presidencia de Canasa, es de suponer que dejará dicha responsabilidad y que seguirán acumulándose retrasos a la hora de tomar decisiones.

Canasa, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España no están cumpliendo los plazos a los que ellos mismos se vienen comprometiendo. Tampoco se han tomado decisiones en relación a la alternativa constructiva más adecuada para ejecutar la segunda fase del Canal.

En el caso de Navarra, ni el Departamento de Desarrollo Rural ni el de Cohesión Territorial han dicho una palabra. Es de imaginar que tendrán algún criterio, alguna opinión, que conocerán las cinco alternativas y sabrán cuál es mejor.

La falta de transparencia e información es tal que desde que se conocieron las alternativas, los errores cometidos y la corrección de los mismos no se ha trasladado ninguna información al Parlamento de Navarra, ni a los ayuntamientos, ni a los sindicatos de riego. Callan los representantes del Gobierno de España, callan directores generales, consejeros y hasta la propia presidenta del Gobierno.

Con la toma de posesión del Gobierno de Navarra, parecía que el Departamento de Cohesión Territorial iba a dinamizar la obras del Canal. Sin embargo, no está siendo así. En el caso de la segunda fase del Canal, estamos en la misma situación de boicot que caracterizó la gestión del gobierno nacionalista de Barkos.

Está siendo una auténtica tomadura de pelo para la Ribera. Se han celebrado cuatro consejos de administración de Canasa durante el año 2019, han pasado 22 meses desde que se adjudicó el proyecto; se han incumplido todos los plazos y no han resuelto nada. Pasan las semanas, pasan los años y siguen sin tomarse decisiones.

Ante esta situación cabe preguntarse ¿quién es el responsable?, ¿los representantes del Gobierno de España?, ¿los del Gobierno de Navarra? Y dentro de ellos, ¿el director general de Desarrollo Rural, que siempre se ha manifestado contrario a esta obra? ¿El consejero de Cohesión Territorial, que dice en el Parlamento que apuesta por su ejecución pero luego nada de nada?, ¿los independentistas del Gobierno que siempre se han opuesto al Pantano de Itoiz y al Canal de Navarra?

Visto lo visto, todos ellos son responsables. Eso sí, los paganos, los riberos, que seguirán esperando que llegue el agua de Itoiz a la Ribera y que comprueban como mucho de los que se oponían y boicotearon las obras, hoy, disfrutan de ella.

Alberto Catalán Higueras, senador de UPN