Diario de Navarra

Claro que no! Lleva días diciéndolo toda la izquierda, una pequeña parte de la derecha, y el sentido común. Y si alguien no lo entiende, allá él -o ella, o lo que sea-. Están corriendo ríos de tinta, o kilómetros cuadrados de píxeles, por la polémica desatada a raíz del llamado pin parental que se ha aprobado en Murcia. Y en este contexto la izquierda política y cultural se ha revuelto, argumentando que no se puede privar a los niños de su derecho a la educación, y que los hijos no pertenecen a los padres -que les pregunten a los padres de familia numerosa Pablo Iglesias e Irene Montero si sus hijos son suyos o del Estado español-. Ambas afirmaciones son ciertas en sí mismas, pero aplicadas al caso concreto resultan argumentos falaces. El primero, porque nadie ha querido semejante cosa; el segundo, porque confunde a propósito el concepto de pertenencia como, según la RAE, “circunstancia de formar parte de un conjunto o grupo” con la pertenencia como “cosa que es propiedad de alguien determinado”. El debate se ha ido, de nuevo, a extremos, en una tormenta perfecta ocasionada por la confluencia de la ingeniería lingüística e ideológica de la izquierda, con la falta de capacidad crítica, argumentos y habilidad de comunicación de la derecha. La falta de pensamiento crítico viene sembrándose de forma intencionada en nuestro país desde los primeros planes de estudios del PSOE de los años 80, y hace ya tiempo que estamos recogiendo sus frutos. Nuestro carácter latino, poco dado a la reflexión, no ayuda en este sentido. Al final, acabamos politizando muchas cuestiones que deberían ser exclusivas de los profesionales correspondientes, cayendo en barrizales mediáticos donde todos perdemos. La Declaración Universal de los Derechos humanos, en el párrafo tercero de su artículo vigesimosexto, dice “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por su parte, declara en el párrafo segundo de su 14º artículo, que el derecho a la educación “incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria” y, en el tercero, que “se respetan, (…), la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. Ese derecho humano es recogido en el artículo 27º de nuestra Carta Magna, que, por ejemplo, en su primer párrafo “reconoce la libertad de enseñanza” y, en el tercero, establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Las personas formamos parte de diversos conjuntos superiores que no elegimos, como son, por ejemplo, la familia y el Estado; las citadas declaraciones, en definitiva, reconocen una ordenación natural de precedencia: las personas pertenecemos en primer lugar a nuestra familia, por lo que es en esta donde se deciden preferentemente cuestiones básicas como el tipo de educación que recibimos, por lo menos hasta nuestra mayoría de edad. Diario de Navarra recogía recientemente una cita de Chesterton en la que se refiere a la familia: “El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia”. La Declaración de Derechos Humanos también reconoce, indirectamente, la distinta naturaleza de los derechos que asisten a la familia y al Estado. La familia es nuestro primer grupo de referencia. El Estado, aunque también es para cada uno un grupo de referencia, lo es de forma secundaria y convencional: es un instrumento del que nos dotamos los ciudadanos, no para que suplante nuestros derechos, sino para que se puedan hacer efectivos de manera más eficiente. Si las personas no pertenecemos a nuestra familia, en un sentido de “propiedad”, entonces tampoco al Estado; por otra parte, si pertenecemos al Estado, en el sentido de ser parte de un conjunto, entonces pertenecemos antes y mucho más a la propia familia. El Estado ha de garantizar un derecho, no pretender apropiarse de los ciudadanos, ni dictarles sus creencias o modos de vivir la vida. Pero claro, como dijo el donostiarra Daniel Tirapu, catedrático de Derecho, en una reciente conferencia pronunciada en Pamplona, “las grandes batallas ideológicas y de sumisión social están en el control de la educación”. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Juan García-Vaquero Salazar Analista

Diario de Navarra

Los niños no son propiedad de los padres

Al final, acabamos politizando muchas cuestiones que deberían ser exclusivas de los profesionales correspondientes, cayendo en barrizales mediáticos

Comentarios

Investigadores de la Universidad de Navarra descubren un nuevo parásito en la sardina común

La advertencia que ha lanzado Gonzalo Gortázar (CEO de CaixaBank) en Pamplona sobre el clima político

Detenido un hombre de 32 años por exhibicionismo en el Casco Antiguo de Pamplona

Navarra bate récord de empleo en junio por tercer mes consecutivo

Finaliza el proyecto de rehabilitación de la torre de la iglesia parroquial de Santa Engracia en Uztarroz