Diario de Navarra

Como ya advertíamos hace más o menos un año, “partes cada vez mayores de las sociedades occidentales llevan 30 años sin percibir ningún beneficio tangible de la mejora de la economía, aunque han sufrido las consecuencias de los reveses económicos. La falta de expectativas, la pérdida de la fe en el futuro, se traducen también en el aumento de mensajes populistas entre las élites políticas que difícilmente pueden conducir a mejorar el funcionamiento de la economía”. Las elecciones generales del pasado 10 de noviembre en parte reflejan este hecho. Los politólogos ya están haciendo análisis de los resultados e insisten, por ejemplo, en que en los resultados de Vox pesa más el “sentimiento nacional” español que la ideología de derechas o de izquierdas de sus votantes. Pese a lo poliédrico del asunto, no puedo evitar mirar esta misma realidad desde un prisma más economicista. ¿De dónde han salido los más de tres millones seiscientos mil votos de esta formación? Son un millón más de los que consiguió en abril. No son sólo nostálgicos del franquismo y aficionados a la caza y a los toros como algunos quieren hacer ver (las licencias de caza en España no llegan al millón, y de los 3 millones entradas para espectáculos taurinos, muchas corresponden a turistas y abonos). Más de 2 millones de sus votos se concentran en únicamente 9 provincias -Madrid (con 647.000 votos a la cabeza), Valencia (245.000), Murcia (199.000), Sevilla (188.000), Barcelona (184.000), Alicante (167.000), Málaga (161.000), Cádiz (130.000) y Granada (99.000). También se ha dicho que son votos cargados de xenofobia. Y aunque es fácil encontrarla en el discurso de sus líderes, no es tan sencillo detectarla en sus votantes. La tentación de correlacionar el número de extranjeros residentes en cada provincia con los votos que obtiene esa formación -y que parecería aclararlo- solo resulta en una correlación espuria entre las provincias más pobladas -y por tanto con más inmigrantes en términos absolutos- y esos votos. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo en términos relativos, no existe relación alguna entre el porcentaje de población emigrante en una provincia y el porcentaje de votos que obtiene ese partido el 10 de noviembre (algo que ya habían advertido los politólogos). ¿Y que hay de la lectura en clave de sentimiento nacional? Las provincias dónde obtiene sus peores resultados (por debajo del 8% de los sufragios emitidos) son precisamente en los territorios de las llamadas nacionalidades históricas. Y eso a pesar del diferente peso de la población extranjera: mientras que Cataluña tiene uno de los promedios más altos del país (por encima del 17%, de hecho, Girona es la segunda provincia con mayor porcentaje de extranjeros sólo por detrás de Almería), las cuatro provincias gallegas se encuentran entre las de menor presencia de población inmigrante (por debajo del 5%) con las provincias vascas y Navarra en una posición intermedia en torno al 10% de población extranjera. Estoy convencida de que existen componentes socioeconómicos con mayor capacidad explicativa. Si atendemos a la última tasa de paro publicada y la correlacionamos con el porcentaje de voto a los de Abascal, observamos como efectivamente las provincias con menos paro votaron menos a ese partido que las provincias con más desempleados (un efecto que se mantiene aún eliminando los datos de Ceuta y Melilla). Las provincias gallegas, catalanas, vascas y Navarra se parecen más en su tasa de paro que en el porcentaje de extranjeros residentes. Y sin embargo en provincias con tasas de paro por debajo del 15% (parecidas a las de las gallegas), como Guadalajara y Murcia, el voto a Vox superó el 20%. Aunque a las fuerzas progresistas les esté costando admitirlo, parte de los 3,6 millones de votos reflejan un mar de fondo que tiene que ver con el riesgo de pobreza y exclusión, que los ha convertido en la primera fuerza del bloque de la derecha en los barrios más pobres de ciudades como Sevilla, Madrid, Granada o Valencia. Tal vez una parte de la desafección provenga de votantes que se sienten abandonados por un estado de las autonomías que ha suministrado bienes públicos en proporciones muy diferentes. Así, también se ha dicho que el voto “rancio españolista” se concentra en las regiones con más abandono escolar, como si el problema fuera la ignorancia y no la falta de colegios bien dotados y de horizontes vitales dignos. El INE solo publica tasa de abandono escolar agregada por autonomía, lo que impide distinguir el efecto en las comunidades grandes como Andalucía o las dos Castillas, pero sí que publica el número de niños en edad escolar y el número de colegios públicos. Si calculamos la ratio de niños en edad escolar por centro educativo de titularidad pública (de Educación Primaria y ESO), y si además lo cruzamos con el número de niños extranjeros en cada provincia observamos que los resultados son muy diferentes. Alicante y Murcia obtienen ratios tres veces superiores de niños por colegio público (nacionales y extranjeros) que los colegios gallegos. Algo similar ocurre con la sanidad. Si tomamos los datos del Catálogo Nacional de Hospitales, Andalucía surge como la región con menos médicos y menos camas en hospitales públicos por habitante que el resto del país -por ejemplo, Almería dispone 17 camas hospitalarias públicas y 36 médicos por cada 10 mil habitantes, mientras las provincias castellano-leonesas duplican ambas cifras, sin ser las que más disponibilidad tienen en el país. La apuesta de algunas comunidades autónomas por la educación y la sanidad concertada han supuesto una presión importante sobre el sistema público que tiene que recoger los cambios sociológicos sobrevenidos por la inmigración. Tengo la sensación de que el ciudadano afectado percibe estas diferencias no como un fallo de su gobierno regional, sino como un fallo del sistema autonómico en su conjunto y acaba votando a la una formación que promete restringir la emigración y eliminar las autonomías… pero también restringir el gasto público social, privatizar las pensiones, bajar los impuestos a los ricos y en suma, abandonar a los más desfavorecidos. La desigualdad en la provisión de servicios públicos ni es inevitable ni es consecuencia de las leyes inexorables de la economía. Al contrario, nuestro presente y futuro dependerá de nuestras elecciones políticas en cuanto al contrato social de crecimiento y redistribución. O mejoramos la economía o seguiremos hablando sólo de banderas. Mar Rubio-Varas, subdirectora del departamento de Economía de la UPNA

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O la economía, o las banderas

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