Derecho a la libertad educativa

No deja de sorprender el empeño que tienen algunos responsables políticos por coartar los derechos de los ciudadanos amparados por la Constitución Española. Así ha ocurrido con la actual ministra en funciones de Educación, Sra. Celaá, que en el XV Congreso de Escuelas Católicas, celebrado hace unos días -y que reúne a representantes de cientos de centros educativos-, realizó una interpretación sectaria, incorrecta y nada rigurosa del Artículo 27 de la Constitución Española. Dicho artículo está recogido en el apartado destinado a los derechos fundamentales, donde se establece el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Derecho a la libertad educativa recogido también en normas internacionales como, por ejemplo, el articulo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos. En él se recoge que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Incluso, la actual ministra en funciones del Gobierno Sánchez llegó a afirmar que dicho precepto tampoco genera un derecho de los padres a matricular a sus hijos en la asignatura de religión. Suspende en compresión lectora la ministra en funciones al obviar el apartado 3 de dicho artículo, que dice textualmente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Las palabras de la ministra y el lugar elegido para manifestarlo no son inocentes. Todo lo contrario, lo hace siendo consciente de su repercusión y, sobre todo, con una clara intencionalidad política. Sabe que tendrá trascendencia y, además, lo hace con la clara pretensión de provocar. Luego hablará de necesidad de acuerdo, de pactos, etc., pero el mensaje y sus intenciones ahí quedan. Se olvida la Sra. Celaá de que España es un país democrático en el que la libertad educativa es un principio básico y un derecho fundamental, como lo es en los países con una larga trayectoria democrática. Tampoco parece reconocer que España no es un país laico, como pretenden imponer algunos, sino aconfesional. De hecho, la Constitución Española, en su artículo 16.3, define a España como un Estado aconfesional. Dicho artículo establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero garantiza la libertad religiosa y asegura la cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas. Aunque no sea del agrado de algunos, hay que recordar también que la religión católica es la única religión que se menciona en la Carta Magna, donde se reconoce, además, que es la religión predominante en el país. La ministra en funciones, en lugar de garantizar la libertad de decisión de las familias, como establece la Constitución, quiere limitarla y aplica, una vez más, un criterio restrictivo y sectario para imponer sus postulados. Porque la libertad de educación lleva implícita la libertad de elección de centro. Su empeño y el de los dirigentes políticos que piensan como ella contrasta con la voluntad mayoritaria de las familias que quieren seguir eligiendo libremente un centro público, concertado o privado, y poder optar a la asignatura de religión católica o a una asignatura alternativa, como es la de valores éticos. Una vez más estamos ante dos situaciones en las que el Gobierno de Sánchez va por un lado y los ciudadanos, por otro. En el sistema educativo español y también en el navarro, hay cuestiones más acuciantes y urgentes que se deben afrontar y resolver. Para rebatir a la Sra. Celaá, bastaría con repasar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de los que realiza una interpretación muy restrictiva y sectaria de alguno de ellos y totalmente equivocada de otros. Un ejemplo reciente son las sentencias del Tribunal Constitucional 74/2018, de 5 de julio y 31/2018, de 10 de abril. La primera de ellas deja muy claro que “la libertad de enseñanza se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad”. La 31/2018 se dictó ante el recurso interpuesto por más de cincuenta miembros del Congreso de los Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Entre los artículos cuestionados en el recurso y que fueron validados por el Tribunal, referencias a los centros que escolarizan por sexo o el establecimiento de la asignatura de religión en los centros educativos. El Tribunal fue claro y rotundo rechazando las pretensiones restrictivas de los diputados socialistas. En el fondo de este tipo de cuestiones, afloran las pretensiones de determinados partidos y colectivos de querer imponer, por encima del derecho de los padres, el pensamiento único, la educación única, como en cualquier dictadura. El sectarismo en su estado puro. Obvian los defensores de este tipo de postulados que los hijos no son del Estado, los hijos son de los padres. Alberto Catalán, senador por Navarra suma

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