Diario de Navarra

Llegan las elecciones. Es fácil saber los mensajes que vamos a recibir durante el tiempo que falta hasta el 10 de noviembre. ¿Qué dirán los políticos? “La culpa es de los demás”, “hemos hecho todo lo posible pero con esta gente no se puede”, “el resto de partidos se preocupa por sí mismos; nosotros lo hacemos por nuestro país”. En conclusión: “Entiendo tu enfado, pero necesitamos tu voto”. ¿Qué dirán los electores? “No hay derecho, tienen una cara enorme, sólo piensan en sí mismos”, “no deberían cobrar si no hay gobierno ya que así se pondrían de acuerdo seguro” o “la nueva política se ha fusionado con la vieja”. Aquí hay dos posibles conclusiones: “No merece la pena votar a nadie” o “votar al menos malo”. En todo este maremágnum preelectoral ha pasado inadvertido un estudio internacional de valores realizado por la Fundación BBVA en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Un número llama poderosamente la atención: en nuestro país, el 76% de las personas piensan que el Estado es el principal responsable de asegurar una vida digna a todos los ciudadanos. Es una cifra escandalosa y preocupante, y existen muchas razones para alarmarse debido a la gran cantidad de implicaciones que implica este pensamiento. Por ejemplo, en Alemania sólo tiene esa idea el 41% de la población. En el resto de países, la media es del 51%. Para empezar, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que estos políticos pueden asegurar el bienestar de toda la población? ¡Si no hay forma de que lleguen a un acuerdo! Hay tantos puestos para repartir que el pastel es insuficiente. Claro que siempre se puede plantear una solución a “la navarra”: crear una multitud de carteras ministeriales y punto. Opciones, muchas: además de las clásicas como sanidad, educación o defensa se añaden otras como mundo digital, inmigración, baloncesto (que por algo se ha ganado el mundial), juventud, cocinas igualitarias, pájaros silvestres y juego (así se recauda más dinero de las casas de apuestas o de las tragaperras). En este contexto, es ilusorio pensar que se puedan alcanzar acuerdos en asuntos más complejos como la educación, las pensiones o innovación y desarrollo. Así, la conclusión no puede ser más evidente: la responsabilidad no puede ser del Estado. Claro que éste debe cumplir, entre otros, papeles como la gestión de catástrofes, la creación de leyes adaptadas a los nuevos tiempos, asignar bienes públicos como la sanidad o la educación (permitiendo la capacidad de elección entre personas que prefieran opciones privadas), el mantenimiento y la creación de infraestructuras o por supuesto, atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas debido a diferentes imponderables. En todos estos análisis se debe plantear un matiz: distinguir entre políticos y funcionarios del Estado. En su inmensa mayoría, estos últimos se dedican a cumplir correctamente cometidos tan dispares como ser jueces, policías, bomberos, profesores, médicos, inspectores de Hacienda o gestores. Por supuesto, merecen nuestro reconocimiento. Como consecuencia del 76%, en España, sólo el 20% de los encuestados está de acuerdo en que “cada persona deber ser el responsable principal de asegurar su propio nivel de vida digno”. En Italia, piensan lo mismo el 29%; en Francia, el 39%; en Reino Unido, el 48% y en Alemania el 54%. Este resultado demuestra que tenemos la mala costumbre de asignarnos derechos sin ofrecer a cambio obligaciones. Sin embargo, la vida es intercambio. En la economía de hoy una persona puede acceder a bienes como los coches, móviles, alimentación o ropa debido a que se dedica a alguna actividad económica particular. No tiene sentido recibir sin dar. Y queremos que el Estado nos de todo hecho. ¿Tiene lógica? Reflexionemos: ¿quién hace más por la vida de los ciudadanos? ¿Un político del Congreso o un médico? Más aún, ¿acaso un empresario que arriesga su dinero no aporta riqueza y bienestar? ¿Y qué podemos decir de voluntarios o religiosos que se dedican a ayudar a los que menos tienen? ¿Y los trabajadores que cumplen laboriosamente su función diaria? ¿Y las personas que cuidan a familiares con discapacidades? En conclusión, la responsabilidad de tener una vida digna es de cada uno de nosotros, apoyado por el conjunto de la sociedad. Cuando compramos, cuando reciclamos, cuando decidimos cómo usar nuestro tiempo o cuando realizamos una inversión tenemos una influencia más importante que la realizada al votar. No podemos olvidarlo. Si olvidamos la historia estamos condenados a repetirla. Y sabemos que la decadencia de muchos imperios o civilizaciones siempre llega cuando los culpables son los otros. En resumidas cuentas, a estos políticos sólo les podemos pedir tres cosas. Uno, el mantenimiento de la seguridad jurídica. Dos, que entiendan que las personas son seres humanos y no votos. Tres, que mantengan un mínimo equilibrio financiero sin realizar gastos estúpidos. Es injusto hacer pagar mañana a los jóvenes que no pueden votar hoy los dispendios del presente. Javier Otazu Ojer. Economía de la Conducta. UNED de Tudela. www.asociacionkratos.com

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Responsabilidad individual y sociedad

En España, el 76% de las personas piensa que el Estado es el principal responsable de asegurar una vida digna a todos los ciudadanos

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