Diario de Navarra

El pasado lunes el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del ‘procés.’ Con ella se pone fin a un juicio que se ha desarrollado de forma ejemplar y con un extremado garantismo. La unanimidad de la sentencia refuerza la “auctoritas” de la exhaustiva argumentación jurídica que fundamenta el fallo y hace prácticamente inviable que pueda prosperar cualquier recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos no tienen ninguna capacidad para volver a conocer de los hechos juzgados, sino únicamente determinar si se han vulnerado derechos de los acusados. Y si algo resulta evidente, tras el seguimiento del juicio y la lectura de la sentencia, es que estos derechos han sido interpretados siempre -y ante cualquier duda- de forma extensiva. Los nueve acusados presos han sido condenados a penas que van de 9 a 13 años de prisión por los delitos de malversación y sedición. Se ha resuelto así finalmente lo que constituía la principal incógnita del proceso, esto es, la determinación de si las conductas de los acusados encajaban en el tipo penal de la rebelión o en el de la sedición. Y se ha confirmado que la gravedad de los comportamientos de los acusados en modo alguno podía desembocar en una sentencia absolutoria. Ante un intento de subversión violenta del orden constitucional ningún Estado de Derecho puede permanecer inerte. El Estado está obligado a defenderse, y la jurisdicción penal es uno de los principales instrumentos para llevar a cabo esa defensa. La sentencia dictada ayer debe ser considerada ante todo como un formidable triunfo del Estado de Derecho. La calificación de los delitos como constitutivos de sedición y no de rebelión implican lógicamente unas penas más reducidas pero que en modo alguno pueden ser consideradas leves. En todo caso, hay que subrayar que el Tribunal no ha accedido a la solicitud del Ministerio Fiscal de aplicar el art. 36. 2 del CP que limita el acceso al tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad) al cumplimiento de la mitad de la condena. Ante esa posibilidad, el Tribunal subraya que cualquier decisión en la materia podrá ser impugnada en su momento por el Fiscal y resuelta por el Poder Judicial. La condena por sedición está claramente fundamentada. La sedición es uno de los delitos más graves contra el orden público, es decir contra la paz social y contra la convivencia pacífica. Se ha probado más allá de toda duda razonable que los condenados promovieron “alzamientos públicos y tumultuarios” para evitar el cumplimiento de las leyes y de resoluciones judiciales. En este contexto, lo más relevante de la sentencia es que el Tribunal Supremo ha descartado el delito de rebelión. Ello no supone como algunos comentarios interesados han anticipado que las tesis del juez instructor, Llanera, y del Ministerio Fiscal que contenían un relato riguroso y bien construido sobre la rebelión estuvieran erradas. Relato construido sobre la base de que hubo violencia. El Tribunal Supremo nos ha dado la razón a cuantos defendimos que el procés no fue pacífico sino violento. En su sentencia, el Tribunal ha desmontado por completo las teorías del “golpe pacífico”. Hubo violencia, y no poca, tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre. ¿Por qué se descarta entonces la rebelión? Al no haber precedentes sobe este delito, el Tribunal Supremo es el único órgano legitimado para precisar el significado y alcance de los elementos constitutivos del delito, entre ellos la violencia. Así, se ha exigido que esa violencia tuviera unas características: que fuera estructural y formara parte de un plan premeditado y que fuera potencialmente apta para lograr los fines de la rebelión. El argumento determinante no gira en torno al nivel o grado de violencia. El Tribunal no asume el disparatado criterio del juez regional alemán que negó la euroorden de entrega de Puigdemont según el cual la violencia debe revestir la intensidad necesaria para doblegar al Estado. En ese caso no habría habido juicio alguno. Solo pide que sea potencialmente apta para lograr los fines de la rebelión. Y en ese sentido y este es el argumento concluyente, exige que forme parte para ello de un plan premeditado. Si no hay rebelión es porque no se ha logrado probar que toda la violencia desatada en los aciagos meses de septiembre y octubre de 2017 respondiera a un plan premeditado concebido por los acusados. La violencia requerida para la rebelión, afirma el Tribunal Supremo, debe ser “instrumental, funcional, preordenada de forma directa” para lograr los fines de la rebelión. Se ha probado incluso que los acusados no descartaban que la violencia se produjera, pero no que esta formara parte de un plan premedito expresamente para lograr los fines de la rebelión. En definitiva, una sentencia rigurosa, detallada y bien fundamentada, susceptible como todas a la crítica, pero que demuestra que España es un Estado de Derecho que cuenta con un Tribunal Supremo integrado por jueces dotados de la máxima cualificación, independencia y “auctoritas”. Javier Tajadura Tejada Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco

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El triunfo del Estado de Derecho

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