Diario de Navarra

La llegada del Canal de Navarra a la Ribera empieza a ser como el sueño de la marmota. Va pasando el tiempo y nada, sigue durmiendo plácidamente. Todavía sin aclarar cómo va a ser la división de funciones y competencias en este tema, entre los departamentos de Desarrollo Rural, al frente del cual está Geroa Bai, y de Cohesión Territorial, en manos del PSN, siguen las dudas sobre la voluntad y celeridad en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la segunda fase de esta infraestructura hídrica tan esencial para el progreso de la Ribera de Navarra. El 24 de enero de 2019, el consejo de administración de la empresa pública Canal de Navarra S.A. (CANASA), responsable de la ejecución, construcción y explotación de dicha obra, y participada por el Gobierno de España y el de Navarra al 60 y 40 por ciento, respectivamente, conocía y abordaba el estudio de alternativas para la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra. Lo hacía con el objetivo, según reconocía el Ejecutivo foral en una nota de prensa, de que se puedan valorar todas las posibilidades técnicas y de que el proyecto resultante sea el más adecuado, desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. El 20 de febrero, el consejero Ayerdi, entonces vicepresidente del Gobierno de Barkos, en rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, decía que en el estudio de alternativas se había detectado alguna deficiencia importante en relación con una de las alternativas recogidas en el mismo y que se debía corregir. También manifestó que en la reunión de enero de CANASA la decisión fue “solicitar información complementaria con la idea de convocar un consejo a finales de febrero o principios de marzo con la idea de tomar una decisión definitiva sobre la opción final en relación con la segunda fase”. El 27 de febrero, en la comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra, los consejeros Ayerdi y Elizalde desvelaron el misterio. Entre otras cuestiones, y discrepancias técnicas, “el error más grave” está en el cálculo del presupuesto de la alternativa que propone una tubería única soterrada. Y, más concretamente, en la colocación de un punto en la cifra que abordaba el coste. En lugar de ser 41.539.398 euros eran 4.153.939 euros. El propio Gobierno se felicitó por la importancia de haber detectado este error, ya que en el estudio se descartaba esta alternativa. El 7 de marzo siguiente, el Parlamento rechazaba con los votos en contra de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E y a favor de UPN, PSN y PP, una moción de los regionalistas que proponía que la construcción de la segunda fase del Canal se hiciese en su totalidad y en una sola fase. Evidentemente, la empresa adjudicataria del estudio de alternativas cometió, según parece, un grave error. Y es de imaginar que alguna responsabilidad se le habrá demandado. Y desde entonces ¿qué? ¿Cuáles son los motivos para que pasen los meses y nadie tome iniciativas? La consejera de Geroa Bai no dice nada hasta que en el Parlamento no se le interpela de forma concreta y específica sobre el Canal y el consejero del PSN se reafirma en su desarrollo pero poco más. Injustificado retraso. Como injustificado es que el Gobierno no haya desbloqueado las obras de la ampliación de la primera fase del Canal, todavía sin concluir, y que sigue acumulando retrasos excesivos. La situación política actual, con un Gobierno de España en funciones, no es motivo suficiente que justifique dicha inacción. Para otras cuestiones no ha sido ningún impedimento. Ahí está la decisión de transferir los fondos retenidos a las Comunidades Autónomas, que, con posturas contradictorias del propio Gobierno, finalmente se ha realizado, o las medidas que se han venido tomando en los Consejos de Ministros a lo largo de estos meses. El Consejo de CANASA ha tenido tiempo suficiente para, una vez corregido el informe, tomar acuerdos. Más aún cuando la alternativa afectada, un tubo único, parece que no iba a ser la elegida. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Navarra desde entonces? ¿Por qué no ha instado a la convocatoria de CANASA? ¿Por qué el Gobierno de Navarra no ha manifestado cuál es la alternativa por la que opta? ¿Por qué no se ha ratificado la postura de Sindicatos de Riegos, colectivos y partidos que han defendido que sean dos tubos soterrados realizados a la vez y que cubriese las necesidades de abastecimiento humano e industrial y regadío (de 21.000 hectáreas) planteadas inicialmente? Un detalle que evidencia la dejadez y la falta de prioridad que se están dando a esta infraestructura es que todavía no se han sustituido los miembros del Consejo de Administración de CANASA que representan al Gobierno de Navarra. La propia página web de la empresa pública recoge la presencia todavía de la anterior consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Barkos. Los otros tres representantes del Gobierno siguen con responsabilidades en el Ejecutivo de Chivite, pero desconocemos si continuarán en el consejo de administración. Demasiados interrogantes para una infraestructura que debería estar ya pendiente de la entrega del proyecto definitivo ya adjudicado, y que va a seguir acumulando retrasos injustificados. Alberto Catalán Exsenador de Navarra Suma

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¿Y de la segunda fase del Canal de Navarra qué?

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